Al mismo tiempo que salió la modificación a la ley seca, se sancionó la polémica ley que permite a empresas como Odebrecht participar en actos de contrataciones públicas tras una inhabilitación de tres años por firmar acuerdos de colaboración y de cinco años para las que sean condenas por delitos contra la Administración Pública.
El presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley 153 del 8 de mayo del 2020, que modifica la ley 22 del 2006 sobre que regula las contrataciones públicas en Panamá.
El proyecto de ley 10 había sido vetado parcialmente y fue aprobado en tercer debate el pasado 29 de abril del 2020 por el pleno de la Asamblea Nacional.
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En su artículo 12 modifica todo lo relacionado a la incapacidad legal para contratar.
En el numeral 9 señala: “quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena, reconociendo la comisión de delitos contra la Administración Pública, delitos de orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económica o delitos contra la fe pública. En todo caso, la incapacidad para contratar no se extenderá más de tres años”.
El numeral anterior establece cinco años de incapacidad para aquellas que hayan sido condenadas.
Estas modificaciones, propuestas en segundo debate por los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Luis Rafael Cruz, Benicio Robinson y Ricardo Torres, permiten a empresas como Odebrecht seguir con su actividad en Panamá.
Luis Rafael Cruz es diputado por el circuito 9-1. Foto: Pastor Morales
Benicio Robinson, presidente del partido PRD y Ricardo Torres, jefe de la bancada del PRD en la Asamblea Nacional.El diputado Juan Diego Vásquez, que arremetió contra el presidente Marcos Castillero, criticó en su momento que la aprobación en tercer debate se hiciera a tambor batiente y no de forma nominal.
La aprobación en el tercer debate del pasado 29 de abril contó con 44 votos a favor y 6 en contra.
El PRD en la pasada administración le exigía al gobierno de Juan Carlos Varela que inhabilitara a la empresa Odebrecht para que no contratara más con el Estado, pero ahora que son gobierno no lo hicieron.
Esto lo reconoció el diputado Leandro Ávila del PRD, quien indicó que por más que se quiera sancionar a una empresa no se puede violentar la Constitución ni las leyes.
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