El exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, vuelve a estar en el ojo del huracán: una investigación del Ministerio Público apunta a que el exfuncionario habría recibido más de $400 mil en sus cuentas bancarias entre 2021 y 2024, de los cuales $277 mil no tienen justificación clara.
La bomba estalló cuando se detectó que al menos 82 personas que recibieron jugosos auxilios económicos durante su gestión también le depositaron dinero, en efectivo, vía Yappy o por transferencias bancarias automáticas.
¿Quiénes le metieron dinero?
Entre los beneficiarios hay funcionarios de la Asamblea Nacional, militantes del PRD, allegados del poder político y hasta familiares de ministros del gobierno pasado. Todo esto, mientras Meneses mantenía bajo llave la lista de favorecidos, alegando “protección de datos”.
Incluso, mientras el Ifarhu estaba en crisis y sin fondos para pagar becas, los cheques seguían saliendo para los bien conectados.
Silencio oficial… pero la lista habla
Meneses no respondió las preguntas enviadas por La Prensa, pero su abogado mandó una carta a la empresa dueña del medio acusándolos —sin pruebas— de usar información confidencial.
Sin embargo, la base de datos publicada revela que entre los beneficiarios están:
Mía Sofía Cortizo, sobrina del expresidente Laurentino Cortizo
Hijos de los exministros José Simpson, Juana Herrera y Eyra Ruiz
María Alejandra Panay, actual viceministra y exasistente de Meneses
Hijos de exdiputados como Zulay Rodríguez, Roberto Ábrego y Yanibel Ábrego
Sin reglas, sin controles y sin cara
Durante su gestión, no existía reglamento para entregar los auxilios, ni se hacían convocatorias públicas ni se evaluaban promedios académicos. Todo se manejaba al gusto del director, según revelaron los propios funcionarios durante inspecciones de la Antai y la Procuraduría de la Administración.
Y por si fuera poco, la Contraloría de Gerardo Solís clasificó toda esa información como “reservada”, amparando el silencio.
¿Y ahora?
Meneses perdió su intento por ser diputado en 2024 y actualmente trabaja en la Universidad de Panamá con un salario de $620.10 al mes, muy por debajo del flujo que movieron sus cuentas personales.
El caso sigue en manos del Ministerio Público, y la lupa está sobre un posible blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.
