El Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) presentaron este viernes sus pruebas ante el Juzgado Primero de Trabajo, en la primera audiencia de la demanda que busca la disolución de la organización sindical.
Durante la sesión, el Suntracs aportó 500 pruebas documentales y anunció la comparecencia de 58 testigos con el objetivo de respaldar su trayectoria como organización dedicada a la defensa de los derechos de los trabajadores de la construcción. Según el abogado del sindicato, Antonio Vargas, la totalidad de las pruebas fue admitida por el tribunal.
Por su parte, la abogada María Fábrega, representante del Mitradel, presentó una moción para invalidar las pruebas del sindicato; sin embargo, esta fue desestimada por el juzgado. La jurista también anunció que la entidad evacuará pruebas documentales y el testimonio de cuatro trabajadores durante el proceso.
Vargas explicó que la audiencia continuará el próximo 24 de abril, fecha en la que se procederá a la sustentación de las pruebas y a la presentación de testigos. Además, detalló que entre los elementos presentados se incluyen declaraciones del presidente José Raúl Mulino, en las que manifiesta su intención de erradicar al movimiento sindical. El Suntracs sostiene que las acciones del Gobierno atentan contra la libertad sindical, situación que ha sido denunciada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos internacionales.
El origen del conflicto se remonta a las manifestaciones y enfrentamientos registrados tras la aprobación de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). Posteriormente, el 17 de julio de 2025, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, presentó la demanda de disolución amparada en el artículo 392 del Código de Trabajo.
El Mitradel sustenta la acción en denuncias por presuntos actos de extorsión, violencia, estafa y abuso de poder. No obstante, la entidad ha reiterado que la medida no constituye un ataque al sindicalismo ni a la libertad de asociación.
El caso también ha estado marcado por procesos judiciales contra dirigentes del Suntracs, entre ellos Saúl Méndez, Génaro López y Jaime Caballero, lo que añade un componente de alto impacto político y social a un juicio que podría redefinir el futuro del sindicalismo en Panamá.
