La audiencia intermedia contra el dirigente sindical Genaro López y otros miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) quedó suspendida este martes 6 de octubre, mientras se resuelve una acción presentada por el Ministerio Público para obtener más tiempo dentro de la investigación del denominado caso Red Frog.
La decisión fue adoptada por la juez de garantías Oris Medina, del Primer Circuito Judicial de Panamá, durante una diligencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA). La condición de Medina como juez de garantías está registrada por el propio Órgano Judicial.
Fiscalía insiste en ampliar la investigación
Durante la audiencia, el fiscal Octavio Nicolau, de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada, informó sobre la presentación de un amparo de garantías constitucionales contra una decisión judicial que rechazó extender el período para continuar las investigaciones. El Ministerio Público mantiene oficialmente a Nicolau al frente de esa fiscalía especializada.
Según lo expuesto por la Fiscalía, todavía existen diligencias pendientes para localizar y recopilar elementos que permitan determinar la posible vinculación de los dirigentes sindicales con los delitos investigados. La pesquisa se inició en 2022, a partir de una querella presentada en representación de trabajadores que laboraron en el proyecto Red Frog, en isla Bastimentos, Bocas del Toro.
El pleito por las 14 fincas
El expediente gira alrededor de 14 fincas que fueron entregadas después de un conflicto laboral entre trabajadores y la empresa Pillar Construction, posteriormente denominada Bastimentos Holding.
Una sentencia laboral de 2011 estableció el pago de aproximadamente $7 millones a 412 trabajadores, entre prestaciones laborales y costas. Posteriormente se alcanzó un acuerdo extrajudicial mediante el cual se entregaron las 14 propiedades, valoradas entonces en unos $3 millones, como parte de la compensación.
La Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en el manejo posterior de esas propiedades y mantiene una investigación por presuntos delitos que incluyen estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad de documentos. En agosto de 2025, una juez declaró legal la aprehensión de las 14 fincas, decisión que posteriormente fue mantenida por un Tribunal Superior de Apelaciones.
