En una decisión que ha generado tanto alivio como expectativa, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión provisional del Decreto Alcaldicio N°08, emitido por la Alcaldía de Arraiján. Este decreto, que establecía multas entre $500 y $10,000 por diversas faltas administrativas, desató una ola de críticas entre los residentes del distrito, quienes lo consideraron desproporcionado e injustificado, además de una posible invasión de competencias legales.
El fallo, dictado por la magistrada María Cristina Chen Stanziola, responde a una demanda presentada por José Luis Galloway Logan. En la demanda se argumenta que el decreto violaba principios fundamentales como la legalidad, la seguridad jurídica y la confianza legítima en la administración pública. Entre las disposiciones cuestionadas destacan sanciones que exceden los montos establecidos en normativas nacionales y regulaciones que invadían competencias exclusivas de entidades como el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Tránsito, al regular infracciones ya contempladas en normativas de mayor jerarquía.
Según la Corte, la suspensión busca evitar perjuicios económicos significativos para los ciudadanos mientras se evalúa la legalidad del decreto. Aunque el fallo no representa una decisión definitiva, evidencia serias deficiencias en la elaboración del decreto y da un respiro a los residentes de Arraiján, quienes temían enfrentarse a sanciones desmedidas. Por ahora, el decreto queda en pausa hasta que se determine su legalidad de manera definitiva.
Compartimos segundo comunicado de la Magistrada María Cristina Chen Stanziola, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/Y2ykowwm6S
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) January 6, 2025
