La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG) y la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa) hicieron un llamado a la población, a las autoridades judiciales y a los profesionales de la salud para que conozcan los derechos que tienen las personas que han sido abusadas sexualmente, ya que su desconocimiento supone un obstáculo en la atención temprana.
LEA TAMBIÉN: Madre pide justicia. Detienen a hombre presuntamente por abusar y embarazar a menor de 10 años en Tolé
Destacaron que a pesar de que el Código Penal tipifica el aborto provocado como un delito en los artículos que van desde el 141 al 143, con pena de hasta ocho años de prisión, el artículo 144 permite el acceso a servicios legales y, por ende, seguros, cuando se busca interrumpir un embarazo producto de una violación; o cuando este represente una causa grave de salud que ponga en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción, incluyendo malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
LEA TAMBIÉN: Sáez Llorens revela lo que le tiene molesto mientras el virus se está aprovechando
PARA ABORTAR
En el primer caso (por violación), se necesita que el delito esté en conocimiento de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, la autoridad competente y que el aborto se practique dentro de los dos primeros meses de embarazo.
En el segundo caso, será una comisión multidisciplinaria designada por el Ministerio de Salud la que determinará las causas graves de salud y autorizará el aborto. “Las niñas embarazadas son claramente el resultado de violencia sexual”, destacaron en un comunicado conjunto.
“Hay casos similares que no se hacen públicos”, acotaron, luego de conocerse que una niña de 10 años quedó embarazada tras ser abusada sexualmente.
“La inacción por parte de la sociedad, autoridades y todos los sectores involucrados en la atención de estas niñas y mujeres, sin importar su edad, vulnera y limita los derechos a recibir atención con calidad y a tiempo, permitiéndoles prevenir un embarazo no planificado o acceder a servicios legales de aborto seguro, claramente establecidos en el Código Penal”, manifestaron.
Además, hicieron un llamado a la sociedad en general a dejar de lado el estigma y actuar tempranamente y conforme a la ley.
Datos
Según el Ministerio de Salud.
Al cierre de 2018, 10 mil 440 embarazadas adolescentes comenzaron control prenatal a nivel público.
Esa cifra es 528 casos más que los registrados en 2017.
Al cierre de 2017, la tasa
de muertes maternas fue
de 35.44 por cada 100 mil nacimientos vivos.
Para 2018 reflejó un incremento, para llegar
a 47.6.
