Las redes sociales son escenarios de debates callejeros constantes. Tiene su gente y hay quienes se calzan los guantes diariamente, con miles de espectadores. Y hay quienes salen corriendo cuando no pueden imponer su criterio.
Un tema recurrente son los comentarios por los cierres de calles como: “mi hija iba para el aeropuerto y se quedó atrapada en un tranque de calle por los indígenas”; “me tomó tres horas llegar al Valle de Antón por un tranque, porque no hay agua en el Oeste”; o “tengo dos horas sin poder llegar a mi casa porque los vecinos de Plaza Valencia trancaron San Isidro porque sus casas se inundan”.
“¿Por qué no encierran a la autoridad en sus oficinas o protestan en las aceras?”, son las preguntas clásicas ante estos episodios. Lo cierto es que nadie, pero nadie, persona, grupo o comunidad tiene potestad para cerrar una vía, pero tristemente ha sido la forma usada para que las autoridades reaccionen.
Esto evidencia que hay un déficit de ciudadanía, pero también de autoridades sordas, ciegas y mudas que no cumplen con sus funciones públicas. Ni a los cerradores de calles ni a las autoridades incompetentes los ampara nuestra Constitución.
