Tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York, Nicaragua movió ficha.
El régimen de los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo anunció el pasado domingo la liberación de unas 30 personas encarceladas consideradas presos políticos.
Aunque el gobierno atribuyó esta medida al 19º aniversario de la llegada de Ortega al poder, expertos y activistas la vinculan al cambio de contexto regional tras los sucesos del 3 de enero en Caracas.
En la otra cara de la moneda, organizaciones de derechos humanos denunciaron decenas de arrestos a personas en toda Nicaragua por celebrar en redes sociales la operación de Estados Unidos.
A nivel geopolítico, la detención de Maduro sacudió el equilibrio del llamado bloque bolivariano, que aglutina a los tres países con gobiernos autocráticos de izquierda en América Latina: Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Además de un aliado ideológico y político, la petrolera Venezuela ha sido durante años un importante sostén económico y energético para Cuba, mientras Nicaragua se ha mantenido en un segundo plano, con menor exposición internacional.
Respuesta y represión interna
El gobierno de Nicaragua condenó la acción militar estadounidense en Venezuela, pero en un principio lo hizo de una forma discreta y comedida.
En un comunicado bajo el título “‘Nicaragua por la verdad, la paz, la justicia y la vida”, exigió el “respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela” y acompañó a Delcy Rodríguez a la hora de “exigir la liberación inmediata del Compañero Nicolás Maduro y de la Compañera Cilia Flores”.
Este jueves, Ortega subió el tono y se mostró más contundente ante la captura de Maduro, asegurando que se trató de “un acto de terrorismo” y acusando a Washington de tener una “actitud imperialista”.
“Se creen los dioses, los dueños de la tierra”, afirmó el mandatario durante una ceremonia de graduación de cadetes de la Policía Nacional.
A estos posicionamientos públicos se suman una serie de acciones que evidencian la seriedad con la que el régimen de Ortega y Murillo están abordando el asunto.
De ellas, la más visible fue la campaña de arrestos de nicaragüenses que celebraron en redes sociales la captura de Maduro.
“Doce horas después de la captura de Maduro, Rosario Murillo convocó en secreto a una encerrona en el búnker de El Carmen y, junto con el jefe de la Policía y los principales operadores políticos, ordenó un estado de alerta”, indica a BBC Mundo el periodista nicaragüense Carlos Chamorro, director de la publicación Confidencial.
Ese estado de alerta “pretendía incluso impedir que la gente se manifestara y se expresara celebrando la caída de Maduro o que hiciera algún comentario sobre el régimen”, señaló Chamorro.
Esto desembocó en la captura de al menos a 60 personas, “todos civiles: personas mayores, jóvenes… no hay discriminación”, afirma por su parte Claudia Pineda, directora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) de Nicaragua y portavoz de Monitoreo Azul y Blanco.
Aunque algunas de estas personas fueron liberadas, al menos 49 permanecían recluidas en las cárceles del país la semana pasada sin que se hayan conocido nuevos datos desde entonces.
