El traslado de 29 privados de libertad de alto perfil al Centro Penal de Isla Coiba generó fuertes reacciones entre moradores y grupos vinculados al turismo en Santa Catalina y Mariato, quienes expresaron su preocupación por la seguridad de los ciudadanos, visitantes y comunidades cercanas al Parque Nacional Coiba.
La medida forma parte de una estrategia del Gobierno Nacional para neutralizar las estructuras de cabecillas de bandas criminales y cortar posibles nexos desde los centros penitenciarios para la organización de actividades delictivas.
Sin embargo, la decisión no ha caído bien en sectores turísticos. La Cámara de Turismo de Mariato rechazó categóricamente el traslado de los privados de libertad hacia una zona considerada reserva nacional y Patrimonio de la Humanidad, suscrita por la Unesco y el Estado panameño.
En un comunicado, el gremio señaló que no se puede “maquillar la incapacidad de seguridad” afectando uno de los motores económicos más importantes de la provincia, del cual dependen miles de familias, especialmente en el sector costero.
La Cámara también respaldó el rechazo público del Ministerio de Ambiente, al considerar que esta acción sería ilegal y violatoria de normas ambientales vigentes y convenios internacionales.
Carlos Martínez, residente en Santa Catalina, calificó la medida como una decisión inconsulta y advirtió que podría poner en riesgo la tranquilidad de quienes viven cerca del Parque Nacional Coiba.
El traslado mantiene encendidas las alertas en comunidades turísticas que temen que la presencia de privados de libertad de alto perfil afecte la imagen, la seguridad y la actividad económica de una de las zonas naturales más importantes del país.
