El Tribunal de Cuentas condenó al exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Luis Enrique Cucalón, al empresario Cristóbal Salerno y a la empresa Cobranzas del Istmo al pago de $4.4 millones, tras declararlos responsables patrimonialmente por la lesión de fondos públicos.
La sentencia, firmada por los magistrados Álvaro Visuetti, Pablo Chen Vallarino y Rainier del Rosario Franco, establece que los implicados incurrieron en un manejo irregular y negligente de recursos del Estado mediante la ejecución de un contrato suscrito en agosto de 2010 entre la DGI, el Ministerio de Economía y Finanzas y la empresa Cobranzas del Istmo.
Según el fallo, la compañía —propiedad de Salerno— fue contratada por $29.5 millones para gestionar el cobro de impuestos morosos. Sin embargo, una auditoría de la Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades, entre ellas retención de fondos recaudados que no fueron entregados al Estado, cobros cancelados por montos menores con pago completo de comisiones, y el cobro de comisiones indebidas, incluso por morosidades no gestionadas. También se comprobó duplicidad en el pago de dichas comisiones.
Como parte del proceso, Salerno acordó devolver $20.6 millones, cifra que no cubrió la totalidad del perjuicio económico. Posteriormente, mediante el comiso de cuentas vinculadas a Cucalón, se recuperaron otros $6.6 millones. No obstante, quedó un saldo pendiente de $2.2 millones, que con intereses elevó la condena final a $4.4 millones.
El Tribunal de Cuentas también ordenó medidas cautelares sobre los bienes de los procesados hasta cubrir el monto de la sanción impuesta.
Este caso tiene además un componente penal. En septiembre de 2024, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a Cucalón y Salerno a 100 meses de prisión por blanqueo de capitales, en un esquema que incluyó la introducción de fondos ilícitos al sistema financiero. Esa decisión aún está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia tras un recurso de casación presentado por la defensa.
Además, en 2018, Cucalón ya había sido condenado a 96 meses de prisión por peculado y corrupción de servidores públicos, mientras que Salerno recibió una pena de 48 meses, posteriormente sustituida por multa, dentro del mismo caso relacionado con el manejo irregular del cobro de impuestos morosos.
