El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial revocó la medida de detención provisional impuesta al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Jaime Caballero, y ordenó en su lugar la retención domiciliaria con el uso de brazalete electrónico.
La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada el viernes 13 de febrero, en la que los magistrados acogieron la solicitud presentada por su abogado defensor, Franklin Reyes, quien argumentó que Caballero permanecía recluido desde hacía casi nueve meses sin haber sido llevado a juicio.
Caballero fue imputado por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales. Según la fiscalía, el dirigente recibió múltiples transferencias desde cuentas del sindicato en el Banco Nacional de Panamá —autorizadas por sus directivos— que luego depositó en su cuenta personal en el Banco General, donde presuntamente fraccionó los fondos para entregarlos a terceros.
Un informe financiero de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) detalla que las transferencias habrían sido autorizadas por los dirigentes sindicales Saúl Méndez —quien se encuentra prófugo— y Abdiel Bethancourt.
Las pesquisas también indican que en 2023 y 2024 Caballero presentó declaraciones de renta por 244,810 y 189,206 dólares, respectivamente, cifras que —según la fiscalía— no guardan relación con sus ingresos reales, estimados en aproximadamente 60 mil dólares anuales.
De acuerdo con el Ministerio Público, la información consignada ante la Dirección General de Ingresos (DGI) sería presuntamente falsa y habría sido elaborada por María Esther Aizpurúa, quien figura con una licencia de contador público perteneciente a una persona fallecida.
La investigación revela además que entre diciembre de 2023 y enero de 2025 Caballero recibió 27 depósitos por un total de 57,093.36 dólares, realizados por una persona identificada como “Luis V.”. Estos fondos fueron consignados directamente en su cuenta personal y forman parte del conjunto de transacciones bajo sospecha. En total, la fiscalía rastrea movimientos por cerca de 166 mil dólares desde 2020 en sus cuentas.
Según la acusación, parte de esos recursos se habría destinado al pago de deudas personales, incluyendo letras de autos, servicios públicos, un préstamo por 39,252 dólares con el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y, en otros casos, entregas de dinero a sus hijos.
Otros procesos y casos vinculados
Caballero también enfrenta otro proceso penal en la provincia de Chiriquí, donde fue imputado por la presunta comisión del delito de atentar contra la personalidad interna del Estado, junto a otros miembros del Suntracs que participaron en protestas contra la Ley 462, la cual introdujo reformas al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social.
En un caso relacionado, el pasado 6 de febrero el también dirigente sindical Génaro López fue beneficiado con una medida cautelar de reporte periódico semanal. López es investigado junto a otros miembros del sindicato por la presunta comisión de blanqueo de capitales, estafa agravada y falsedad de documentos, en perjuicio de trabajadores afiliados que laboraban en el proyecto Red Frog, en la provincia de Bocas del Toro.
Según el Ministerio Público, López y Saúl Méndez —actualmente asilado en Bolivia— habrían despojado a trabajadores de 14 fincas entregadas por la empresa Pillar Construction, S.A., como compensación tras un litigio laboral perdido en 2011 por 7 millones de dólares, correspondiente a prestaciones laborales y costas legales de unos 400 trabajadores del proyecto.
