Este martes, 21 de abril, en la Asamblea Nacional se desarrolló una jornada clave de rendición de cuentas, donde cinco universidades estatales —la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi)— presentaron sus informes anuales 2025 ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.
El presidente de la comisión, el diputado Jorge Bloise, explicó que el proceso forma parte del seguimiento institucional. “Recibimos 5 universidades estatales, a través de sus rectores sustentaron el presupuesto 2025, por lo que seguimos en esa labor fiscalizadora”, señaló.
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Durante la sesión, las autoridades universitarias expusieron durante 25 minutos temas relacionados con actividades académicas, ejecución presupuestaria, avances y proyectos, en medio de preguntas y observaciones de los comisionados.
La Comisión de Educación de la Asamblea durante la rendición de cuentas de universidades estatales.Informes bajo la mira
A la cita acudieron el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores; la rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ángela Laguna; la vicerrectora de UDELAS, Doris Hernández; y el rector de la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Víctor Luna.
Rendición de cuentas de universidades estatales ante la Comisión de Educación
Rendición de cuentas de universidades estatales ante la Comisión de EducaciónLa ausencia que encendió el debate
Un momento que destacó en la rendición de cuentas fue la ausencia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, quien no acudió a la sesión y delegó la presentación en el vicerrector Pedro González.
Durante su intervención, el foco se trasladó rápidamente a las cifras.
“Vamos a ver cómo se desarrolló el presupuesto en la Universidad Autónoma de Chiriquí en 2025”, inició González, detallando que la institución operó con un presupuesto de 72 millones de dólares.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la Antai. Archivo.Sin embargo, el gasto reportado alcanzó los 91 millones, una diferencia que generó cuestionamientos durante la sesión. El vicerrector sostuvo que “este desfase no es producto de un gasto excesivo, sino de obligaciones laborales legalmente adquiridas”.
También indicó que la Caja Única del Tesoro realizó pagos directamente hasta diciembre de 2025, lo que refleja que parte de la operación financiera se sostuvo fuera del esquema presupuestario inicial.
A esto se suman compromisos pendientes con la seguridad social. Durante la sustentación se mencionó una deuda de 12.4 millones de dólares en cuotas obrero-patronales con la Caja de Seguro Social (CSS), además de otros montos vinculados al SIACAP.
En medio de estos datos, González reconoció limitaciones operativas: “No había para gas, no había para combustible, no había para comprar los insumos”.
Al cierre, fue directo: “Este presupuesto de 72 millones no es suficiente para las necesidades básicas”.
