La Contraloría General de la República y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Panameña, emprenderán una auditoría social para facilitar que el Programa Panamá Solidario cumpla con sus objetivos de llegar a la población más vulnerable, sin discriminación, ni partidismo político, ni intereses particulares.
El contralor general, Gerardo Solís, y el presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, monseñor Rafael Valdivieso Miranda, firmaron un convenio de cooperación y apoyo para el desarrollo de la auditoría social al Programa Panamá Solidario, con el objetivo de propiciar que los ciudadanos y ciudadanas tomen conciencia de la importancia de la vigilancia de los recursos públicos para el bien común, en esta ocasión la veeduría de la entrega de bonos y bolsas de comida.
Contralor Solís, contralor, firmó el acuerdo.La Conferencia Episcopal Panameña, a través de la Comisión de Justicia y Paz, está realizando un llamado a los voluntarios de la Iglesia católica para que participen de la auditoría de las bolsas de alimentos y del bono económico social que se distribuyen a nivel nacional.
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Para cumplir con este convenio, la Iglesia católica creará equipos de profesionales voluntarios en sus diócesis (territorios) para establecer líneas de acción que garanticen una veeduría ciudadana en el marco de la ley y cuidando que los recursos del Estado sean bien utilizados.
Esta auditoría complementará las tareas que viene ejecutando la Mesa Social en la implementación y desarrollo de los planes para mitigar, temporalmente el impacto económico causado por la pandemia del coronavirus, especialmente en poblaciones vulnerables, en las familias panameñas y extranjeros que han perdido sus fuentes de ingreso.
Monseñor firmó el documento por la Comisión de Justicia y Paz, que insta a los feligreses a unirse en la veeduría.La Contraloría habilitó para uso exclusivo de este proyecto de auditoría social una sección en su página web para el ingreso de denuncias y aportar evidencias de irregularidades que se puedan presentar en todo el territorio del país.
La ciudadanía, en cualquier punto del país, podrá formular sus denuncias a los auditores sociales, aportando pruebas mediante fotos, videos y testimonios; además debe identificar el sitio, fecha y personas involucradas.
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Admitida una denuncia debidamente sustentada, la primera acción será enviar una carta de advertencia a las autoridades locales, primeros responsables de velar por la distribución equitativa de las bolsas de alimentos y bonos solidarios y posteriormente se iniciará una investigación con las probables consecuencias jurídicas y patrimoniales.
Jorge Luis Quijada, director nacional de Fiscalización de la Contraloría, explicó que el objetivo es mejorar los resultados y la transparencia en el manejo de los recursos del Estado destinados al fondo Panamá Solidario.
Agregó que la ciudadanía tendrá un rol de vigilancia para que se dé respuestas a la comunidad.
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