Tras la publicación de la investigación sobre la descentralización paralela, en La Prensa y Mi Diario, la autoridad electoral de Panamá recordó que se sancionará con “pena de prisión” e “inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas” a quienes lo hagan.
Una semana después de la publicación de la investigación sobre la “descentralización paralela”, el Tribunal Electoral emitió un comunicado donde advirtió a las juntas comunales que reciben fondos de la descentralización que el uso con políticos de los mismos es un delito.
“Dichos fondos no pueden usarse para fines políticos, es decir, para favorecer o apoyar a ningún partido ni precandidato, ya sea por libre postulación, o postulados en las elecciones primarias partidarias previstas para los meses de junio y julio del presente año”, dijo la institución en un comunicado el lunes 22 de mayo.
Enseguida, recordó el delito previsto en el numeral 3 del artículo 523 del Código Electoral, que indica que “se sancionará con pena de prisión de uno a tres años y suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas” a quienes “utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, en beneficio o en contra de determinados precandidatos, candidatos o partidos políticos legalmente constituidos o en formación”.
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También apuntó que el artículo 282 del mismo código “prohíbe la participación de precandidatos y candidatos en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas con fondos públicos, so pena de ser inhabilitados”.
Las publicaciones se vienen haciendo desde la semana pasada y demuestran cómo se usan los dineros de todos para favorecer a determinados líderes políticos.Este medio accedió a más de 3 mil registros de la Contraloría General de la República que revelan que la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) repartió en tres años –de 2021 a 2023– al menos $202 millones a 475 juntas comunales fuera del procedimiento legal. Es decir, por fuera de lo dispuesto en la Ley de Descentralización, que solo incluye la distribución del Impuesto a Bienes Inmiebles (IBI) y depósitos directos de $110 mil a juntas comunales por el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm).
La mayoría de esos millones fueron para instituciones locales gobernadas por el partido de gobierno, PRD, o para colectivos aliados al gobierno.
Al día siguiente de la publicación de la investigación, el fiscal electoral, Dilio Arcia, dijo a este medio que no iba a investigar los pagos en épocas de campaña política. “Se producen dentro de un marco legal”.
