Los 83 obreros de la construcción detenidos el pasado 12 de febrero, en medio de protestas y choques con la Policía Nacional, lograron evitar la detención preventiva solicitada por el Ministerio Público. La jueza Luzmila Jaramillo dictó medidas cautelares de reporte cada 15 días y prohibición de salida de sus provincias de residencia (Colón, Panamá Oeste y Panamá).
El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) denunció que estos procesos son parte de una supuesta persecución política por parte del gobierno de José Raúl Mulino. Incluso, anunciaron que ya interpusieron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por considerar que se atenta contra la libertad sindical.
En una audiencia poco usual, realizada en el Centro de Formación y Recreación de la Caja de Seguro Social (CSS) debido al gran número de detenidos (82 hombres y una mujer), se mencionaron afectaciones a agentes y patrullas policiales. No obstante, los trabajadores aseguran que los incidentes se dieron cuando ya había culminado el cierre y volanteo en la avenida Balboa, y acusan a la Policía de provocar los enfrentamientos.
El presidente Mulino calificó de “terroristas sindicales” a los agremiados del Suntracs, declaraciones que, sumadas al reciente cierre de cuentas bancarias del sindicato, han subido la tensión entre ambas partes. El Suntracs se mantiene firme en que protestar es un derecho y rechaza cualquier acción que busque criminalizar la organización sindical.
