El preocupante aumento en la tasa de accidentes de tránsito en Panamá ha encendido las alarmas de las autoridades, quienes señalan que la venta y compra ilegal de licencias de conducir es uno de los factores más críticos en esta crisis. Según el director de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional (DNOT), Luis Hernández, se registran aproximadamente 200 accidentes de tránsito cada 24 horas en el país, una cifra alarmante que refleja la falta de control en la emisión de licencias y la educación vial deficiente.
Con un parque vehicular que ha crecido a un millón 600 mil vehículos, la situación se ha vuelto insostenible. Hernández subraya que muchas personas adquieren sus licencias de conducir sin pasar por el proceso de formación y evaluación exigido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). “Sabemos que muchos compran las licencias y muchas escuelas de manejo venden los diplomas sin cumplir con los requisitos de educación vial”, advirtió Hernández.
Las consecuencias de esta situación se reflejan en las cifras de víctimas por accidentes de tránsito. Hasta la fecha, se han reportado 207 víctimas fatales, de las cuales 86 corresponden a peatones atropellados. Los peatones, según Hernández, representan entre el 35% y el 40% de las víctimas fatales por colisiones, siendo la mayoría personas de entre 35 y 70 años.
Además de los accidentes, las autoridades de tránsito emiten entre 1500 y 1800 infracciones diarias, lo que evidencia la falta de cumplimiento de las normas viales por parte de muchos conductores.
Ante esta situación, se hace urgente la implementación de medidas más estrictas para controlar la emisión de licencias y garantizar que todos los conductores en las vías panameñas hayan recibido la educación vial necesaria para manejar de manera segura y responsable.
La venta ilegal de licencias de conducir no solo pone en riesgo la vida de quienes transitan por las calles, sino que también socava los esfuerzos por mantener la seguridad vial en el país. Las autoridades instan a la población a denunciar estas prácticas y a exigir que se cumplan las normativas establecidas para la obtención de licencias de conducir.
