El Ministerio Público (MP) reveló nuevos avances en el escándalo por la pérdida de 600 vigas tipo H pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas (MOP), un caso que ha sido bautizado como “Operación Vigas H” y que ya deja 17 personas imputadas y una condena firme.
De acuerdo con el informe presentado por la fiscal anticorrupción Digna Castillo, 13 de los imputados enfrentan cargos por peculado doloso y 4 por peculado culposo, relacionados con la desaparición de las estructuras metálicas que estaban bajo custodia estatal y no contaban con documentación de respaldo.
El MP detalló que, hasta la fecha, se han logrado recuperar 378 vigas de las 600 sustraídas, lo que representa una lesión patrimonial superior a 1.6 millones de balboas (B/.1,686,218.88). Una de las personas señaladas ya fue condenada a 60 meses de prisión, pena que fue reemplazada por trabajo comunitario, tras alcanzar un acuerdo de colaboración eficaz.
La investigación forma parte de una serie de operaciones anticorrupción desarrolladas por el Ministerio Público durante 2025. Entre ellas, destacan también las operaciones SIPE, SIPE 2.0, Sanidad y Retorno, enfocadas en delitos como peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado en distintas instituciones del Estado.
En el caso de SIPE, vinculado a la Caja de Seguro Social (CSS), el MP informó que hay 45 imputados, 7 detenidos y 6 condenados, entre ellos 4 empresarios y 2 exfuncionarios, por alterar bases de datos y manipular cobros coactivos a cambio de sobornos de hasta el 30% del monto adeudado.
Mientras tanto, en la Operación Sanidad, se investigan 12 personas por irregularidades en programas de construcción de baños en Herrera, Coclé, Colón, Chilibre y Chiriquí; y en la Operación Retorno, 8 imputados enfrentan cargos por peculado y blanqueo de capitales, ligados al manejo irregular de auxilios económicos y becas.
Según la Procuraduría, actualmente existen 4,725 causas activas en todo el país y más de 48 mil oficios emitidos, reflejo de una ofensiva judicial que busca recuperar los bienes del Estado y llevar ante la justicia a quienes metieron mano en el dinero público.
