Revelaciones sobre 'supuestos expedientes armados', Finmeccanica y Saltarín

10 Octubre 2018
Artículo de opinión del exembajador de Panamá en Italia Fernando Berguido.

 El denominado caso Finmeccanica tiene dos grandes vertientes. Su concepción, o sea, los actos que dieron pie a una de las contrataciones más escandalosas que recuerde nuestro país, y su resolución, que consiste en la forma como Panamá logró zafarse de los contratos.

Se trataba de la compra directa, sin acto público, más grande hecha jamás por un gobierno. Fue por $250 millones y se mantuvo en hermética reserva. Los panameños vinimos a saber de ella gracias a publicaciones en el exterior, enterándonos así de que habíamos suscrito contratos millonarios con el conglomerado italiano. Después se sabría que los fiscales italianos encontraron las pruebas de unas comisiones secretas equivalentes al 10% de los pagos que haría Panamá por dichos equipos, destinadas a una sociedad fantasma, Agafia Corp.

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Como si aquella coima no fuera suficiente, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) reveló que los radares que habíamos comprado no eran capaces de detectar lanchas rápidas, la principal justificación para comprarlos. O sea, $125 millones tirados a la basura por haber comprado, sin estudio previo y a la carrera, unos equipos diseñados para detectar buques.

Este breve recuento viene por razón de las publicaciones hechas recientemente por un medio local que ha querido involucrar los esfuerzos que se hicieron por recuperar el patrimonio abusado y obtener la devolución de esas “comisiones”, con un supuesto complot para perseguir a personas inocentes, “armar expedientes contra enemigos” y por la usurpación de funciones judiciales.

Hablo del caso Finmeccanica porque lo conozco al detalle. El rol del Lic. Rogelio Saltarín, con quien me reuní en una sola ocasión, y sobre quien giran dichos reportajes, fue fugaz y muy conciso. Jamás supe, mucho menos participé, de ninguna conspiración con el Consejo Nacional de Seguridad ni otra organización semejante.

Como embajador en Italia me tocó estar al frente del esfuerzo por defender los intereses del país ante semejante atraco. Se trataba de procesos muy complejos y con infinidad de aristas jurídicas y económicas. A manera de ejemplo, las contrataciones afectaban los ministerios de Seguridad Pública, Gobierno, Presidencia, Obras Públicas, Economía y Finanzas, además de Cancillería, Senan y Anati. En estos esfuerzos intervinieron muchos abogados, tanto de instituciones del Estado como abogados externos contratados para colaborar en la labor de recuperación patrimonial.

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El ministerio de Seguridad Pública escogió, como abogados externos, a la firma Tapia Linares y Alfaro, casi a la par de mi designación. Fue justo antes de su contratación que recuerdo que, frente a las tantas dudas que generaban los contratos firmados, nos asistió el Lic. Saltarín, a quien conocí ese día como asesor externo del ministerio de la Presidencia.

Saltarín revisó y opinó sobre los mismos, y recuerdo haberle solicitado también su opinión jurídica en cuanto a la muy extraña situación en la que había quedado nuestro país frente al juicio que por soborno internacional se adelantaba en Roma. El letrado italiano contratado por Panamá había dejado pasar la oportunidad, de manera intencional supimos después, para que nuestro país fuera parte civil en el proceso y tuviéramos así la posibilidad de ser resarcidos económicamente en caso de condena. De hecho, el abogado recibió instrucciones de limitarse a defender los intereses particulares del ex presidente Martinelli, mientras que Panamá quedó fuera del proceso. Pregunto: ¿qué hay de irregular en esa consulta? ¿Dónde está la conspiración?

La estrategia legal de Panamá resultó exitosa. En un triunfo sin precedentes, se logró la anulación del contrato de los radares, a pesar de que los mismos habían sido firmados, aprobados, refrendados y estaban en plena ejecución, liberándose a Panamá de la obligación de pagar los más de $60 millones aún adeudados. Incluso se recuperaron cerca de $33 millones de los pagos ya realizados. Evitamos quedar inmersos en un proceso arbitral que era inminente y con una línea de defensa muy vulnerable de nuestra parte. Y lo que es más importante, aquella “comisión” que se tenían reservada un par de bellacos se le devolvió al país, en la forma de un helicóptero ambulancia, el primero y único al servicio público, y que lleva dos años salvando vidas. Esta victoria tuvo detrás una estrategia jurídica bien articulada y coordinada.

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Estos y muchos otros detalles los relato en Anatomía de una trampa. En muy pocos casos ha habido más transparencia y rendición de cuentas que en el de Finmeccanica. Se informó ampliamente sobre la realidad de los contratos firmados y sobre las demandas por desviación de poder que se presentaron ante la Sala Tercera de la Corte Suprema. La posición panameña fue pública, tanto en Panamá como en Europa. Se informó sobre el acuerdo que luego de 18 meses se alcanzó, y apenas fue presentado al Consejo de Gabinete, se publicó en la Gaceta Oficial incluso antes de ser firmado por la contraparte italiana.

Estos acuerdos fueron de carácter contractual y económico, no guardaban relación con los procesos penales. Tristemente, en la rama penal han quedado impunes. Por la existencia de aquellas comisiones, señaladas sin tapujos como coimas por los fiscales italianos, nunca se ha llamado a responder a nadie. La Corte Suprema, que tenía la competencia para iniciar las investigaciones, hasta donde tengo conocimiento, jamás lo hizo.

Existe otro proceso, aquel que buscaba deslindar responsabilidades por la utilización de fondos públicos en la compra de un sistema de radares inoperante e inadecuado, o sea, por peculado. Es imposible hablar de armar expedientes o “procuradurías paralelas” en este caso porque el mismo fue iniciado en agosto de 2014, de oficio, por la entonces procuradora Ana Belfon. En otras palabras, fue evaluado y “preparado” incluso antes de mi designación o de la supuesta injerencia de Saltarín.

Luego de la firma e implementación de los acuerdos que permitieron la recuperación patrimonial, renuncié al puesto. No pertenezco a partido político alguno ni pretendo volver a ocupar otro cargo público. En total, el país logró recuperar y ahorrarse $108 millones. En el ámbito penal, reina la impunidad. Pasados un par de años, los responsables nos quieren vender la versión de que todo ha sido una fabricación.

 


Artículo de Opinión publicado por La Prensa y escrito por: Fernando Berguido 
El autor es abogado y  fue embajador de Panamá en Italia

 

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