Panamá, con el voto a favor del presidente de la República, Juan Carlos Varela, acogió el 'Compromiso de Lima', que consiste en una serie de medidas anticorrupción surgidas en la recién concluida VIII Cumbre de las Américas y que serán adoptadas por los gobiernos de América.
El Jefe de Estado panameño solicitó a la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Angélica Maytín –presente en la Cumbre- impulsar las normas jurídicas necesarias para su cumplimiento en el país.
El 'Compromiso de Lima' establece entre sus objetivos que:
1. Fortaleceremos las instituciones democráticas, autonomía e independencia judicial para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio.
2. Reforzaremos el papel de la educación en valores democráticos y cívicos para prevenir la corrupción.
3. Fortaleceremos los órganos de transparencia y acceso a la información pública sobre la base de las mejores prácticas internacionales aplicables.
4. Promoveremos el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital, la transparencia fiscal, la participación ciudadana, además de impulsar un Programa Interamericano de Datos Abiertos.
5. Protegeremos a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción; así como el trabajo de periodistas y personas que investigan estos actos.
6. Fortaleceremos medidas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, principalmente, de sus campañas electorales.
7. Promoveremos el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas, a fin de asegurar la transparencia, publicidad, veeduría ciudadana y una efectiva rendición de cuentas.
8. Implementaremos las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción para prevenir y combatir el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.
9. Promoveremos la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno internacional.
10. Profundizaremos la participación de nuestros Estados en las redes e iniciativas multilaterales contra el lavado de activos, a través de la prestación de la más amplia y pronta asistencia en la identificación, rastreo, embargo preventivo confiscación, decomiso y recuperación de activos.
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