La operación Fisher volvió a soltar datos pesados. Tras un juicio que se extendió por 14 meses, la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró la condena de 14 personas, entre ellas dos sociedades jurídicas y Jorge Luis General quien fue señalado como líder de la organización, por blanqueo de capitales y, en siete casos, asociación ilícita para delinquir.
Pero detrás de las condenas aparecen cifras que dimensionan cómo se movía la estructura investigada.
De acuerdo con nuevos detalles revelados a Mi Diario, la organización presuntamente cobraba $250 por cada kilo que debía recibir, custodiar y trasladar.
Hasta 20 posibles trabajadores para mover un cargamento
Tomada de @PGN_PANAMAPara una sola recepción, traslado y custodia de droga se empleaban, en algunos casos, entre 15 y 20 trabajadores. Cada uno podía recibir alrededor de $5,000.
Dentro de los 29 eventos que forman parte de la investigación, 13 marcarían la relación del grupo con el cabecilla Jorge Luis General.
El esquema, según las investigaciones del Ministerio Público, consistía en recibir y almacenar grandes cargamentos procedentes de Colombia para luego ocultarlos en vehículos con doble fondo, cilindros de gas, llantas y otros compartimentos clandestinos.
La estructura estaría vinculada al denominado Clan del Golfo y operaba desde sectores de Costa Arriba y Costa Abajo, en Colón.
Casi $10 millones en efectivo y bienes de lujo
Según los datos de nuestra fuente fidedigna, la operación dejó el decomiso de 1.5 toneladas de drogas y casi 10 millones de dólares en efectivo.
Parte del dinero era movilizado dentro de bolsas reutilizables.
Entre los comisos figura una suma un PH exclusivo de El Cangrejo, casas ubicadas en residenciales de lujo en La Chorrera y una casa de playa.
A esto se suman al menos 38 vehículos, entre ellos autos y camionetas de alta gama, además de armas de fuego.
La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 6 de octubre. La Procuraduría General de la Nación indicó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales bajo el marco de la Constitución y la ley.
