Un funcionario perteneciente a la Defensa Pública, fue encontrado culpable de solicitar la suma de mil 800 balboas a una familia para ejercer la defensa de su hijo, quién se encontraba detenido.
La defensa pública debe ser gratuita, por lo que el ahora exservidor público fue condenado a tres años ( 36 meses) de prisión por el delito de corrupción de servidores públicos, pero apeló la sentencia. Sin embargo, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Regional de Darién logró que el Tribunal Superior de Apelaciones rechazara el recurso de anulación de sentencia
Le correspondió al fiscal José David Sánchez acreditar los elementos de convicción que vincularan al sentenciado con el hecho delictivo. Se informó que fueron los mismos elementos presentados ante el Tribunal de primera instancia que estableció la sanción penal.
Lo cierto es que, el Tribunal Superior de Apelaciones decidió que “los fundamentos establecidos por la defensa del sentenciado no eran suficientes para anular la sentencia, confirmando la pena impartida por el Tribunal de Juicio”.
Explica el informe que “el hecho se registró en la comunidad de Emberá Purú, cuando el sentenciado perteneciente a la Defensa Pública de Darién, solicitó la suma de mil 800 balboas a una familia para ejercer la defensa de su hijo, quién se encontraba detenido, por un delito relacionado con drogas.
