La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desarticuló un grupo dedicado a fraudes financieros que operaba con técnicas de phishing y la falsificación de documentos para solicitar préstamos bancarios. La acción, llamada Operación Entramado, se ejecutó en la avenida Simón Bolívar y en el corregimiento de 24 de Diciembre, donde fueron aprehendidas dos personas y se incautaron equipos tecnológicos que servirán como indicios en la investigación.
Según lo informado por las autoridades, los sospechosos enviaban enlaces maliciosos para captar información sensible de terceros —nombres, números de identificación y datos bancarios— y con esos datos confeccionaban papelería falsificada o alterada para presentar solicitudes de crédito ante entidades financieras. Las pesquisas iniciales apuntan a que los montos defraudados superan los 80 mil dólares, cifra que motivó las diligencias y la intervención inmediata de las unidades especializadas.
En los allanamientos las fuerzas del orden recogieron teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos que, según la Fiscalía, contienen rastros de la actividad ilícita y serán analizados por peritos informáticos. Los indicios serán incorporados al expediente que remitirá la Fiscalía de Delitos Económicos, donde se definirá la situación procesal de los aprehendidos y las imputaciones concretas que enfrentarán en los tribunales.
Las autoridades señalaron que el uso de campañas de phishing y páginas apócrifas es un método cada vez más frecuente para apropiarse de datos y simular trámites legítimos. Por ello, las investigaciones no solo buscan la responsabilidad penal de los detenidos, sino también trazar la red de contactos y posibles beneficiarios de los préstamos aprobados con documentación falsa.
Vecinos y comerciantes de las zonas allanadas aseguraron haber visto la presencia policial desde tempranas horas, y aunque la operación se llevó a cabo con discreción, la captura de los dos implicados ha generado expectación en comunidades donde los fraudes bancarios causan desconfianza. Desde los bancos consultados por las autoridades hasta las unidades de atención a víctimas, el caso requirió coordinación interinstitucional para auditar solicitudes y bloquear fondos vinculados a los presuntos imputados.
La Policía recordó a la ciudadanía que no debe abrir enlaces sospechosos ni facilitar información personal por redes o correos sin verificar la identidad del remitente, y que cualquier operación de préstamo debe realizarse únicamente a través de canales oficiales de las entidades financieras.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las entrevistas, análisis forense de los dispositivos y el rastreo de las transacciones para establecer el alcance real del perjuicio económico.
