El juez Nicanor Carrión Calderón, liquidador de causas penales de la provincia de Coclé, declaró penalmente responsable a cinco personas por el delito contra la administración pública (peculado culposo) en perjuicio de los municipios de Olá y La Pintada, mediante sentencia N° 02-2019, por los hechos ocurridos en el periodo 1 de septiembre 1999 al 31 de agosto 2004.
Durante la audiencia, el fiscal anticorrupción de Descarga de la Procuraduría de la Nación, Adecio Mojica Peña, logró acreditar en los 22 tomos que tiene el expediente, irregularidades dentro de los fondos del Proyecto de Iniciativa Parlamentaria de un exlegislador ya difunto (José Francisco Urrutia), asignados a estos municipios. Se giraron cheques que le ocasionaron perjuicio patrimonial al Estado, superando el medio millón de dólares, informó el Órgano Judicial.
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En la sentencia el juzgador declaró a Armando Antonio Aguilar Morales culpable por el delito de peculado doloso agravado y lo condenó a 84 meses de prisión (siete años) y como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de cinco años, contado a partir del cumplimiento de la pena principal.
La investigación consta de 22 tomos que tiene el expediente.Mientras que Davilo González Castillo, Ricardo González González, Carlos Alberto Castillo Tenorio y a la señora Luris Lorenzo Tejeira, fueron encontrados culpables por el delito contra la administración pública en su modalidad de peculado culposo, y los condenó a la pena de 36 meses de prisión (tres años) y como pena accesoria la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos, la cual fue reemplazada en días multas.
A Marielis Saénz Montoya se le absolvió de los cargos por lo que fue llamada a juicio.
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Dicha causa penal inició el 6 de septiembre de 2005, tras la presentación de informes de auditoría especial preliminar de la Contraloría General de la República, por la emisión irregular de 14 cheques a favor de la empresa Publicaciones, Impresiones y Distribuciones, S.A. por la cantidad de $57,902.25 dólares, para el pago de uniformes e implementos deportivos, a través del Fondo de Proyecto de Iniciativa Parlamentaria del exdiputado.
Otro de los informes se refieren a la emisión de cheques a través del Fondo de Obras Circuitales del exlegislador, por la suma de $486,910.00 dólares, manejado en el Municipio de Olá, supuestamente para cancelar servicios profesionales.
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Los otros actores en este juicio lo fueron el defensor privado Young Ming Chi Calderón, y las defensoras públicas, Matilde Alvarenga de Apolayo, Argelis Velásquez, María del Pilar García y Teresa Ibañez.
