El exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN, Giacomo Tamburelli, y a el exdirector de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, fueron declarados penalmente responsables como autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del Fondo de Inversión Social (FIS), actualmente denominada Dirección de Asistencia Social (DAS), por lo que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, les emitió como condena la pena de 120 meses (diez años) de prisión, por la pérdida de la llamada ‘máquina pinchadora’ o de espionaje.
De acuerdo al fallo condenatorio N° 46 del 10 de marzo de 2023, “ambos exfuncionarios, ante su falta de cuidado e incumplimiento de los deberes como directores en su momento, permitieron que ocurriera un perjuicio económico al Estado por la suma de B/. 10 millones 871 mil 857 dólares con 48 centavos, en virtud de la compra de un equipo de seguridad altamente sensitivo, de conformidad con la auditoría efectuada por la Contraloría General de la Nación”.
Agregan además en el fallo condenatorio, que, tendientes a las circunstancias de modo tiempo y lugar, los exdirectores en su momento tenían bajo su cargo y responsabilidad la administración del equipo tecnológico adquirido mediante contrato.
“Se evidencia la intención dolosa de los sindicados, toda vez que ejecutaron acciones tendientes a la adquisición de un equipo cuya necesidad es cuestionable, valiéndose de los recursos del Estado asignados a una entidad que debe destinar dichos recursos a actividades meramente sociales en pro de los más necesitados”, destaca la sentencia.
De acuerdo al informe, ante los hechos declarados probados que acreditaron la responsabilidad penal de ambos acusados, el tribunal también aplicó a los sentenciados la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, que correrá una vez cumplan la pena principal de prisión.
Explica el informe que este caso guarda relación con una denuncia interpuesta el 2 de diciembre de 2014, en la cual se puso en conocimiento público presuntas irregularidades que se suscitaban dentro del extinto Fondo de Inversión Social.
