El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó la medida cautelar de detención provisional contra uno de los imputados por el robo agravado en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS), hecho ocurrido en el marco de la Operación Baluarte.
La decisión fue adoptada por el tribunal integrado por las magistradas Donají Arosemena (presidenta), Greta Marchosky y el magistrado Raúl Leonel Urriola, quienes evaluaron los riesgos procesales y los indicios de vinculación presentados en la audiencia de apelación.
El caso está relacionado con el robo de 63 pistolas calibre 9 mm ocurrido el 20 de octubre de 2024, por el que fueron detenidos cinco hombres, incluyendo dos exagentes de seguridad de la institución.
A otros dos imputados, el tribunal les confirmó las medidas cautelares de reporte semanal, prohibición de salida del país y de reunión con los demás coimputados. En uno de estos casos, se tomó en cuenta una situación humanitaria para evitar la detención provisional.
Asimismo, el tribunal revocó la detención provisional de otro imputado, al que se le impuso en su lugar el reporte periódico dos veces al mes, además de la prohibición de salida del país, de reunirse con otros implicados y de acercarse a las instalaciones de la CSS.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Especial Anticorrupción Azucena Aizpurúa, mientras que la defensa estuvo a cargo de tres abogados particulares y una representante del Instituto de la Defensa Pública. La CSS, como víctima, fue representada por el abogado Jorge Mosquera, del Departamento de Asesoría Legal de la entidad.
Este caso ha generado preocupación en torno a la seguridad institucional y el manejo de armas dentro de entidades públicas.
