Un nuevo capítulo de la Operación Jericó, el operativo que desarticuló una red de narcotráfico y blanqueo de capitales, pone el foco en Jonathan José Parra Peña, pieza clave en este caso. Ahora, Parra busca anular el acuerdo de pena que cerró con la Fiscalía de Drogas, desatando una tormenta que no solo compromete a él, sino que también pone al diputado Raúl Pineda en el ojo del huracán.
¿Qué hay detrás de los casi $90,000 en efectivo que pasaron de una bolsa reutilizable a convertirse en pruebas incriminatorias? Aquí te contamos todo sobre este escándalo que mezcla dinero ilícito, política y traición.
El pacto judicial permitió a las autoridades confirmar que los $89,985 entregados por Parra a Abraham Rico Pineda, hijo del diputado perredista Raúl Pineda, provenían de actividades ilícitas. El dinero, envuelto en una bolsa reutilizable, pasó de manos en la sede de Servicios Múltiples Rama SA, en Betania, con la orden de ser entregada a José Pablo Morales, alias “Pablo”, un supuesto operador clave vinculado al diputado.
Las pruebas no tardaron en aparecer. Parra fue capturada en la vía Transístmica, frente a Raenco, y una prueba de ion scan la cual reveló rastros de sustancias ilícitas en el dinero. Con las manos atadas, confesó que la suma era producto de blanqueo de capitales .
Una condena negociada y ahora en disputa
Por este delito, Parra recibió una condena de 48 meses de prisión , sustituida por una multa de $2,000, bajo un acuerdo firmado el pasado 22 de mayo. Sin embargo, en un giro inesperado, Parra, junto a Claudia Lorena Henao Cardona, presentó un amparo de garantías constitucionales alegando violaciones a sus derechos.
El Primer Tribunal de Justicia rechazó el recurso, señalando que los acusados intentaron usar el amparo como un atajo para revisar un caso ya cerrado. Además, el tribunal destacó que la sentencia tiene más de cuatro meses de ejecutoriada, incumpliendo con los requisitos legales para una revisión.
El diputado Raúl Pineda en la mira
El escándalo no termina ahí. La sombra de la Operación Jericó se cierne sobre el diputado Raúl Pineda. La Fiscalía Primera de Drogas ha remitido a la Corte Suprema de Justicia pruebas que presuntamente lo vinculan al caso, incluyendo interceptaciones telefónicas que detallan cómo se movió el dinero.
Entre las acusaciones más graves está el supuesto uso de dinero ilícito en la campaña de reelección de Pineda durante las elecciones del 5 de mayo. Las investigaciones apuntan a que estos fondos se destinaron a movilizar votados en zonas con baja participación, algo que podría tener repercusiones políticas devastadoras.
La Corte exige más pruebas
En un fallo anterior, la Corte Suprema, bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, determinó que la fiscalía no presentó suficientes elementos para vincular directamente a Pineda con los delitos. Sin embargo, instó al Ministerio Público a fortalecer su caso con evidencia sólida.
¿Qué viene ahora?
Mientras el caso sigue evolucionando, la Operación Jericó promete seguir dando de qué hablar. ¿Lograrán las autoridades llegar al fondo de esta red de corrupción y crimen organizado? ¿Cuál será el destino del diputado Raúl Pineda? Lo cierto es que el desenlace de esta historia podría sacudir tanto los cimientos del poder político como los del crimen organizado en Panamá.
Con información de Prensa.com y Eliana Morales Gil - Juan Manuel Díaz
