El Sistema Penitenciario presentó una denuncia por un presunto caso de corrupción relacionado con la aprobación del beneficio de trabajo comunitario otorgado a Katherine Carvalho, conocida como “La Parce”, tras detectar irregularidades en el tiempo en que se autorizó el procedimiento.
De acuerdo con la información preliminar, la autorización habría sido concedida apenas 25 días calendario después del ingreso de la privada de libertad al centro penal, un plazo que resulta inusual frente a los tiempos que normalmente establece la normativa vigente para este tipo de beneficios.
Fuentes vinculadas al caso señalaron que otros privados de libertad suelen esperar un año o más para recibir el visto bueno de la junta técnica, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible trato preferencial y el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.
Ante estas diferencias, el Sistema Penitenciario decidió poner el caso en conocimiento de las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine si existieron irregularidades administrativas o posibles responsabilidades penales en la tramitación del beneficio.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre los funcionarios que pudieron estar involucrados ni sobre las medidas cautelares adoptadas mientras avanzan las diligencias. Las autoridades indicaron que será el proceso investigativo el que determine si la aprobación del trabajo comunitario se ajustó o no a lo que establece la ley.
