La filtración de información privada recientemente conocida, pone sobre la mesa, por una parte, la preocupante vulnerabilidad de las comunicaciones en todos los niveles, entre éstas las de la seguridad nacional.
El contenido de estas comunicaciones, evidencian, una vez más, la crisis institucional que vivimos, especialmente en cuanto a la separación de los poderes del Estado y el manejo de la administración de Justicia.
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Tanto el hecho de la intromisión en conversaciones privadas como la revelación de su contenido, es condenable.
Nuestras leyes justifican la intervención lícita de comunicaciones únicamente para fines respaldados por pruebas y que sea llevada adelante por las autoridades correspondientes. Todo lo demás es una violación tanto a la ley como al derecho fundamental a la privacidad.
No obstante, el contenido de lo revelado y admitido como parcialmente cierto por quien fuese intervenido, nos lleva a alzar, una vez más, nuestra voz de cara a corregir el rumbo y plantear posibles soluciones.
Por una parte, la relación entre los Órganos del Estado exige independencia; al igual que, hacer valer los roles de contrapeso, esto sin que haya injerencia de uno sobre otro.
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Lo presentado en estas comunicaciones, trasciende cualquier rol de balance y devela una alarmante manipulación del Órgano Ejecutivo sobre el Legislativo del momento, a través de prebendas.
Mientras que, el intercambio de conversaciones entre el entonces Presidente de la República y la Procuradora General de la Nación, abre el espacio de duda para la afirmación de una justicia selectiva que exige explicaciones de quienes aún ocupan posición de mando y jurisdicción.
Lo antes expuesto, lleva a que los sectores productivos del país nos involucremos en el llamado realizado por el actual Órgano Ejecutivo y participemos en las mesas de trabajo a fin de proponer mejoras al paquete de reformas constitucionales que vela por tal separación de poderes y propone cambios en la forma de selección tanto del Procurador General de la Nación como de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como su investigación y juzgamiento.
Al tiempo, es este momento donde tenemos el deber y el derecho de exigir la eliminación de aquellos artículos, incluidos en último momento por el Órgano Legislativo y que se alejan del objetivo final, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
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Panamá, en aras de asegurar un desarrollo y un clima de estabilidad tanto social como político, necesita cuanto antes un marco que permita fortalecer un verdadero Estado de Derecho que se caracteriza por la separación de poderes, la certeza del castigo y un sistema de justicia equitativo. Sin esto, corremos el riesgo de convertirnos en un Estado Fallido.
