Un hombre de 29 años quedó bajo detención provisional luego de ser imputado por el presunto asesinato de su expareja, Hilaydis Sánchez, de 26 años, a quien habría envenenado con un herbicida en El Arado de La Chorrera, en octubre de 2024.
Durante la audiencia de control de garantías, el juez declaró legal el allanamiento, la aprehensión y la formulación de cargos, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, que presentó los primeros indicios que vinculan al señalado con el crimen.
Una historia marcada por la violencia
Las investigaciones apuntan a que el acusado habría administrado el veneno que terminó con la vida de Hilaydis el pasado 7 de octubre de 2024. La joven, quien en vida denunció en múltiples ocasiones ser víctima de violencia doméstica, se convirtió en símbolo de la fragilidad del sistema de protección a mujeres en riesgo.
De acuerdo con su familia, Hilaydis interpuso más de ocho denuncias contra su expareja. Sin embargo, esas alertas no fueron suficientes para salvarla. Su prima, Isamar Burgos, recordó entre lágrimas que la joven murió “con una boleta de protección en la mano que no sirvió de nada”.
El clamor de una madre
La audiencia también sirvió de escenario para que la madre de la víctima, Lucy Alonso, relatara los episodios de agresión que sufrió a manos del mismo hombre. Según contó, fue atacada con un machete, agresión que denunció, pero que no prosperó porque, supuestamente, “no estaban casados”.
“Él me agredió física y verbalmente con un machete”, aseguró Alonso, mientras pedía justicia no solo por su hija, sino por los nietos que ahora quedaron bajo su cuidado.
Un hogar roto
Hilaydis dejó en la orfandad a dos hijos pequeños, quienes actualmente están al amparo de su abuela materna. La familia insiste en que el caso debe ser un precedente para que ninguna denuncia de violencia doméstica sea minimizada o ignorada.
Mientras avanza el proceso judicial, la comunidad de La Chorrera se mantiene atenta y exige respuestas. La Fiscalía ha reiterado que continuará recabando pruebas para sustentar el caso y garantizar que el presunto responsable enfrente todo el peso de la ley.
El caso de Hilaydis es, hoy, un eco de advertencia: las denuncias de violencia doméstica no pueden seguir siendo papeles que terminan arrumbados en un escritorio, porque la vida de las víctimas corre peligro cada minuto que no se actúa.
