La justicia panameña volvió a poner bajo la lupa dos casos distintos, pero igual de delicados, que involucran a adultos mayores señalados por delitos sexuales contra menores de edad, dejando decisiones judiciales que ya generan conversación.
En el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, un hombre de 67 años fue enviado a detención provisional tras una audiencia de control de garantías. La medida fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Agencia Subregional de Barú, luego de imputarle el delito de violación sexual en perjuicio de una adolescente de 17 años.
Según el Ministerio Público, el hecho ocurrió el pasado 21 de marzo de 2026, cuando presuntamente el señalado, mediante violencia e intimidación, habría cometido el acto. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los elementos de convicción y pidió legalizar la aprehensión, formular cargos y aplicar la medida más severa, argumentando el riesgo para la víctima. El tribunal acogió la solicitud mientras se desarrolla la investigación.
Por otro lado, en Santiago, provincia de Veraguas, otro hombre de la misma edad enfrenta un proceso por un caso aún más sensible. Un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio ordenó arresto domiciliario por seis meses contra un ciudadano investigado por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de apenas 5 años, su propia nieta.
La decisión se tomó durante una audiencia de imputación, dando inicio formal a la fase investigativa.
El Ministerio Público mantiene abiertas varias diligencias en ambos casos, mientras las medidas cautelares se mantienen vigentes durante el desarrollo de las investigaciones.
