La condena a 128 meses de prisión por los delitos de posesión agravada de drogas y posesión ilícita de arma de fuego que recibió el precandidato a representante Job Chávez Cortés, del partido Realizando Metas (RM), evidencia la amenaza de la narcopolítica.
Jaime Abad, abogado y exdirector de la PTJ, explicó que Panamá tiene una historia -incluso antes de la invasión- cuando las Fuerzas de Defensa estaban al servicio de los cárteles de Colombia, y de cómo se reunían en hoteles de la localidad custodiados por dichas unidades.
Posteriormente, en casi todas las administraciones se han dado casos en los cuales la clase política se ha visto involucrada en lavado de dinero y el financiamiento de sus campañas por parte del crimen organizado. Acotó que eso lamentablemente es un fenómeno mundial.
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El crimen organizado es una empresa cuyo objetivo es generar ganancias, por eso gastan dinero en la candidatura de algún político de cualquier nivel, desde el más humilde representante hasta campañas presidenciales o de diputados.
“Ellos lo ven como una inversión, por eso los partidos deben constituirse en el primer anillo de seguridad para que dentro de su membresía se detecte de forma temprana indicios de aquellos precandidatos vinculados al crimen organizado”, dijo Abad.
Acotó que para eso se necesita legislación proactiva y que leyes como la de extinción de dominio sean discutidas.
Job Chávez quería correr como representante por el corregimiento de José Domingo Espinar, en San Miguelito.Datos de interés
° El arresto de Job Chávez ocurrió el miércoles 3 de mayo en una casa en El Crisol, donde se halló un caleto de 283 paquetes con droga y un arma de fuego.
° Con él se encontraba Arcadio Samaniego Cortés, sentenciado a 88 meses de prisión.
