El nombre de “Donde La Parce”, una de las cadenas de salones de belleza más sonadas de la capital, volvió a retumbar este jueves 11 de septiembre en los pasillos judiciales. Todo por la audiencia de apelación al acuerdo de pena que involucra a su propietaria, Katherine Carballo, de nacionalidad colombiana.
La Fiscalía, con papeles en mano, pidió que se dejara sin efecto la medida de trabajo comunitario que se había ventilado en días pasados. Según el fiscal del caso, el acuerdo negociado con la empresaria no era barrer calles ni sembrar arbolitos, sino 60 meses de prisión y el decomiso de bienes valorados en más de 3 millones de dólares.
Carballo, quien participa en el proceso por videollamada desde el Centro de Rehabilitación Femenino, guardó silencio durante la audiencia, evitando cualquier declaración. La mujer, que actualmente cumple detención provisional, se limitó a escuchar los argumentos mientras el caso seguía su curso.
La defensa, liderada por la abogada Ivonne Peña, intentó frenar la presión de la Fiscalía alegando que existía un acuerdo verbal para que su clienta realizara trabajo comunitario en la Junta Comunal de Juan Díaz. Según la jurista, las diligencias para que Carballo cumpliera esa “labor social” ya estaban listas.
Pero la Fiscalía fue clara: lo pactado nunca contempló escobas ni jornadas en corregidurías. El trato era cárcel y la entrega de propiedades. Punto.
El choque de posturas convirtió la audiencia en un pulso entre las partes. De un lado, la defensa pidiendo chance para que su clienta cumpla con la supuesta promesa de trabajo comunitario; del otro, el Ministerio Público recordando que en delitos vinculados a lavado de dinero y uso del sistema financiero para fines ilícitos, la ley es tajante y las penas no se cambian por convenios blandos.
Vecinos y clientes curiosos de la marca “Donde La Parce” siguen con la mirada puesta en este proceso. Muchos comentan en redes que esperan que el caso siente precedente para que no se repitan jugadas que parecen abrir puertas fáciles a quienes tienen los bolsillos llenos.
Ahora será el Tribunal Superior de Apelaciones quien decida el destino de Katherine Carballo: si deberá enfrentar los 60 meses tras las rejas o si logrará que su condena se cumpla con el plan alternativo de trabajo comunitario que su defensa insiste en sostener.
Lo cierto es que la audiencia dejó en evidencia que el glamour de los salones no borra la sombra de un caso millonario, y que la última palabra la tendrán los magistrados.
