La operación “Jericó” sigue sacudiendo los cimientos de la política panameña, y esta vez el protagonista es el diputado del PRD, Raúl Pineda, quien podría pasar de su curul en la Asamblea a enfrentar serios problemas con la justicia. ¡Y la cosa no pinta bien!
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, confirmó que su despacho ha recibido nada menos que 51 tomos de nueva evidencia enviados por la Fiscalía de Drogas. Estos documentos, que incluyen interceptaciones telefónicas y otros detalles explosivos, podrían confirmar la presunta vinculación de Pineda con una red criminal dedicada al blanqueo de capitales y tráfico de drogas desmantelada durante la operación Jericó.
La bomba de Jericó explota en familia
Como si fuera poco, el escándalo tiene un sabor familiar. Abraham Rico Pineda, hijo del diputado, está preso desde agosto, imputado por blanqueo de capitales. Pero la novela no termina ahí: recientemente fue imputada Maybel Araúz, esposa de Rico Pineda, quien también enfrenta cargos por manejar dinero sospechoso.
“Esto no es solo política, aquí hay hechos que deben investigarse”, señaló Arrocha, quien, con tono diplomático, dejó claro que tomará su tiempo para revisar cada tomo con lupa. “No creo que sean meses, pero hay que estudiarlos a fondo”, advirtió. Y sí, si hay algo que sobra en este caso son documentos explosivos.
¿Qué sigue ahora?
Una vez terminado de analizar el expediente, el magistrado deberá proponer al pleno de la Corte Suprema si el caso procede o si vuelve al Ministerio Público para “correcciones”. Si se admite, se nombrará un fiscal y un juez de garantías, y entonces el proceso contra Pineda podría tomar fuerza.
Por ahora, los 37 imputados en esta red criminal que ya dejaron toneladas de droga y millones en blanqueo de capitales esperan la caída de otra ficha grande.
La Corte Suprema tiene la lupa sobre el diputado, los panameños la mirada fija en las noticias y los titulares no dejan de sacar chispas: ¿Caerá o no caerá Pineda?
