Operación ‘Obra Gris’: ¿Defensa de derechos o extorsión? La justicia decide

En un episodio digno de telenovela, la jueza Zenia Pérez, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó medidas cautelares contra dos ciudadanos acusados de extorsión en lo que ya se conoce como la escandalosa “Operación Obra Gris”. La polémica se desató en un proyecto de construcción en Bella Vista, donde, según el Ministerio Público, los imputados presionaron a obreros para que se afiliasen a un sindicato, pero, como dirían algunos, ¿no es ese el pan de cada día en la construcción?

Las medidas impuestas —obligación de firmar semanalmente, prohibición de acercarse a la presunta víctima y restricción de salida del país— parecen, según SUNTRACS, un guion escrito para desacreditar la lucha legítima de los trabajadores. “Es un intento burdo de callar a quienes luchamos por mejores salarios y condiciones laborales”, vociferó el dirigente Saúl Méndez en conferencia de prensa, mientras agitaba un puño de papeles en el aire, con una intensidad que, si fuera medida, rompería el barómetro del drama sindical.

El fiscal Emeldo Márquez, firme en su posición, defendió el proceso. “No se trata de criminalizar, sino de proteger los derechos de los trabajadores que se ven forzados a actuar en contra de su voluntad”, señaló, en una declaración que no logró convencer a muchos, pues algunos ya aseguran que todo esto es solo otra jugada política en el tablero de intereses entre empresarios y sindicalistas.

Por supuesto, los abogados defensores Mario Prado y Miguel Ángel Rodríguez no se quedaron atrás en esta saga de dimes y diretes. Alegaron en la audiencia que no hay pruebas suficientes y que lo que se está haciendo es ensañarse con líderes sindicales para amedrentar a quienes luchan por sus derechos. “Si defender a los trabajadores es delito, entonces estamos en un país donde los derechos están en venta”, comentó Prado, dejando un silencio en la sala que solo fue interrumpido por el clic de las cámaras de los reporteros presentes.

Mientras tanto, Frenadeso no se guardó nada y lanzó un comunicado incendiario. “Otra patraña más del Ministerio Público, ese que siempre se apura a perseguir sindicalistas, pero nunca encuentra a los peces gordos de las listas negras”, declararon con la pasión de quienes se sienten acorralados por un sistema que —según ellos— se inclina hacia los poderosos. Según el grupo, la “extorsión” de la que se acusa a los imputados no es más que un intento desesperado de manipular los hechos para distraer al pueblo de los verdaderos problemas: la corrupción en la CSS, el robo de fondos públicos y el narcotráfico que sigue dominando las calles del país.

La Operación “Obra Gris” sigue generando divisiones, mientras unos la ven como una medida para limpiar el sector de la construcción de prácticas indebidas, otros la ven como una obra teatral, donde el gobierno y el Ministerio Público se llevan el protagonismo para montar un espectáculo que distraiga de las verdaderas crisis que enfrentan los ciudadanos.

En un país donde parece que cada día se escribe un nuevo capítulo de intrigas, el desenlace de este caso aún está por verse, pero lo que queda claro es que, como dice el dicho popular, en Panamá “el que no corre, vuela”, y en esta historia, hay más de uno intentando llevarse el botín.