Operación ‘Obra Gris’ desmantela red de extorsión en el sector de la construcción

En un golpe certero a las redes de extorsión en el sector de la construcción, las autoridades panameñas llevaron a cabo la Operación “Obra Gris”, en la que cinco personas han sido aprehendidas. El operativo, liderado por la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, tiene como objetivo desmantelar una red de extorsión que operaba en la provincia de Panamá y Panamá Oeste.

Según las investigaciones preliminares del Ministerio Público, dos de los detenidos ejercieron presión en una obra ubicada en el corregimiento de Bella Vista, instando violentamente a los obreros a unirse a un sindicato específico. En este incidente, un contratista que se negó a ceder fue agredido físicamente, sufriendo lesiones que quedaron acreditadas en la investigación.

Por otro lado, en la provincia de Panamá Oeste, tres personas, identificadas como líderes comunitarios, coaccionaron a un trabajador para que renunciara. Al no conseguirlo, presionaron a la empresa para que lo despidiera, según consta en el informe presentado por la misma compañía constructora.

Las autoridades han confirmado que estas cinco personas serán llevadas ante un juez de garantías en las próximas horas para la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

Esta operación es parte de dos investigaciones paralelas que la Fiscalía ha venido desarrollando desde abril de 2023. La primera involucra el caso en Bella Vista, mientras que la segunda está relacionada con la construcción del Cuarto Puente en Panamá Oeste, donde un trabajador fue amenazado para que abandonara su puesto por supuestos intereses comunitarios.

El Ministerio Público enfatizó su compromiso en investigar y judicializar a quienes coaccionen o amenacen a obreros y empresarios del sector, instando a las víctimas a presentar sus denuncias. Asimismo, la Fiscalía advirtió que estas acciones delictivas afectan la economía nacional y el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura, imponiendo penas de hasta diez años de prisión para quienes resulten responsables.