La desaparición y posterior hallazgo sin vida del bebé Salahuddin Mussa Bint Ghussan, de apenas siete meses, ha provocado una oleada de indignación nacional.
El infante, reportado como desaparecido el 21 de mayo de 2025, fue encontrado sin vida diez días después en el área de Finca 67, en Changuinola, con signos que, según testigos y denuncias públicas, apuntan a un acto violento.
Este lunes, la fiscal de Homicidio y Femicidio de Bocas del Toro, Marissa Caballero, confirmó que el resultado de los exámenes forenses corresponde al infante que había sido reportado como desaparecido junto a su hermanita de 2 años, Nousaybah.
Ambos fueron sacados de la casa de su madre en El Empalme, presuntamente por su padre, Iqbal Ghussan, un ciudadano canadiense de 31 años que ahora es buscado por las autoridades panameñas. Ghussan es practicante del islam y padece de problemas de salud mental.
Entre las voces que se alzaron está la de Lucy Córdoba, reconocida defensora de los derechos de la niñez y fundadora del Movimiento Caminando por la Infancia y el Observatorio de Desapariciones de Niñas, Niños y Adolescentes. Córdoba calificó la muerte del menor como un crimen y acusó al Estado panameño de haberle fallado, tanto en su protección inicial como en la respuesta institucional tras su desaparición.
“Cada niño nace con derechos. No se busca porque era un bebé indefenso, sino porque era un ciudadano que merecía protección desde el primer día”, expresó. Según la activista, la reacción oficial fue tardía e insuficiente, y aunque se menciona que el padre del menor es el principal sospechoso, no hay garantías de que el caso se investigue con la profundidad que amerita.
La crítica más severa fue dirigida contra la fiscal Marissa Caballero, quien lleva no solo el caso de Mussa, sino también el de Emily Chavarría, una niña víctima de abuso y asesinato ocurrido el 7 de diciembre de 2024, crimen que permanece impune tras seis meses.
“¿Qué clase de justicia se está aplicando en Bocas del Toro?”, cuestionó Córdoba en un mensaje público dirigido al presidente José Raúl Mulino y al procurador general Luis Carlos Gómez Rudy.
Además, se reveló que el ADN confirmó que los restos encontrados el 31 de mayo pertenecían a Mussa, según el Ministerio Público. Aún así, Córdoba insiste en que la investigación debe ser más rigurosa y que el cuerpo del menor sea examinado a fondo, ante versiones no oficiales de que habría sido decapitado, hecho respaldado por testimonios ciudadanos.
Exigencias del Movimiento Caminando por la Infancia:
Justicia clara y efectiva por el caso de Mussa.
Implementación y revisión de un protocolo de búsqueda integral e interinstitucional.
Transparencia total en las investigaciones.
Reconocimiento de que cada minuto cuenta cuando un menor desaparece.
Cambio de fiscales en zonas donde los casos de menores quedan estancados.
“No se puede sanar del todo después de ver algo tan atroz. Perdónanos, Mussa. Perdónanos por no haberte protegido como merecías. Tu muerte nos deja una herida que exige justicia para todos los niños de Panamá.”
