Permisos de armas a precio de soborno: Operación Probidad revela escándalo

Lo que parecía una simple gestión para obtener un permiso de arma, escondía una red bien aceitada de corrupción que operaba desde dentro del Estado panameño. En la madrugada del miércoles 26 de marzo, un operativo sorpresa llamado “Probidad”, ejecutado por la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), dejó al descubierto un escándalo que huele a pólvora y dinero sucio.

Cinco personas —entre ellas, tres mujeres— fueron aprehendidas: tres funcionarios de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) y dos particulares. ¿Su modus operandi? Contactaban a ciudadanos que tramitaban permisos de armas y les exigían dinero para “acelerar” el proceso. En otras palabras: vendían privilegios al mejor postor, todo por debajo de la mesa.

Era una operación con fachada institucional, pero detrás se escondía una red criminal con ambición desmedida.

Pero el descaro iba más allá: los particulares, sin vínculo oficial, se hacían pasar por funcionarios y también cobraban. Era un negocio redondo montado dentro de las propias estructuras del Estado. Se presume que los involucrados recibieron sumas nada despreciables por cada permiso “agilizado”.

La red cayó luego de que la propia DIASP presentara una denuncia al detectar irregularidades internas. Desde allí, se activó la maquinaria legal que terminó con todos los análisis simultáneos en Panamá y Panamá Oeste, recolectando pruebas claves.

Ahora, los delitos investigados incluyen corrupción de funcionarios públicos y tráfico de influencias. El golpe no solo sacude al sistema de seguridad, sino que siembra más dudas en la ya golpeada confianza ciudadana hacia las instituciones.

Las autoridades aseguran que esto es solo el comienzo de una investigación profunda. Y advierten: “la corrupción no quedará impune” .