Durante los primeros seis meses de 2025, Panamá registró 2,770 casos de violencia sexual, concentrados principalmente en cinco regiones del país. Los datos reflejan que aunque la capital, Panamá, es la región más poblada, no es la que más denuncias recibe en términos absolutos.
Regiones con mayor número de casos:
Panamá (capital): 523 casos
Chiriquí: 413 casos
Panamá Oeste: 364 casos
Ngöbe Buglé: 303 casos
Bocas del Toro: 270 casos
Llama la atención que Chiriquí supera a la capital en denuncias por violación, mientras Ngöbe Buglé, una comarca indígena con baja población, muestra una tasa proporcional alta, lo que indica vulnerabilidades estructurales importantes. Otras regiones como Colón, Veraguas y Coclé mantienen cifras significativas, pero estables en el semestre.
Por otro lado, las regiones con menos reportes -- Kuna Yala, Emberá y Darién -- podrían reflejar un subregistro debido a dificultades en el acceso a la denuncia, por factores geográficos o sociales.
Al desglosar los datos de la capital por corregimientos, se observa que las áreas con mayor número de casos de violencia sexual están ubicadas en el este urbano, en zonas caracterizadas por un crecimiento rápido y servicios limitados:
24 de Diciembre: 28 casos
Chilibre: 26
Las Mañanitas: 22
Pacora: 20
Tocumen: 19
A estas se suman también corregimientos tradicionalmente urbanos y con mayores niveles socioeconómicos como San Francisco y Bella Vista, quienes también reportan casos, lo que evidencia que la violencia sexual no discrimina entre clases sociales. Además, corregimientos como Curundú, con altos niveles de desigualdad histórica, continúan mostrando cifras relevantes.
El análisis confirma que la violencia sexual está presente en todo el país, pero se intensifica en lugares donde convergen densidad poblacional alta, poca oferta de servicios sociales y judiciales, y condiciones de vulnerabilidad. En especial, las comarcas indígenas y periferias urbanas deben recibir atención prioritaria y con recursos distintos a los utilizados en zonas tradicionales.
Es fundamental fortalecer el sistema de apoyo a las víctimas, tanto en el aspecto psicológico como legal, y aumentar la presencia de políticas públicas y vigilancia preventiva en las áreas más afectadas. Solo con un enfoque integral será posible avanzar en la reducción de esta grave forma de violencia.
