Fue una noche de infierno. Seis turistas noruegos, entre ellos dos mujeres, nunca olvidarán que estando en Panamá, mientras dormían en el velero Alibabá, en aguas de Nombre de Dios, corregimiento de Santa Isabel en la Costa Arriba de Colón, fueron asaltados por unos sujetos enmascarados que portando armas blancas y de fuego, los despojaron de sus pertenencias y abusaron carnalmente de las damas.
Ahora lo confesaron todo. La atrocidad del hecho que ocurrió el 9 de noviembre de 2019, fue denunciada en su momento por los afectados y las autoridades lograron la captura de al menos unos seis sospechosos que han enfrentando un largo proceso judicial en el que cuatro de ellos aceptaron confesar todo lo ocurrido en medio de un acuerdo de pena consensuado con el Ministerio Público.
La Policía logró ubicar a los implicados, ya que mediante operativos pudo recuperar dos teléfonos IPad y uno satelital que le habían sido despojados a las víctimas durante el ataque.
Trascendió que los agresores se llevaron todas las pertenencias, dinero en efectivo, pero no conformes con eso decidieron abusar carnalmente de las dos damas, entre varios, mientras uno de ellos se dedicaba a filmar el hecho repugnante.
Por su atrocidad, el suceso fue tendencia tanto en Panamá como en Noruega donde se le dio seguimiento.
Condena
Ahora, mediante la validación del acuerdo de pena consensuado, el Tribunal de Juicio de la provincia de Colón, integrado por los jueces Felipe Waisome (presidente), Yiria Soto (relatora) y Luz María Polo, condenó a los cuatro agresores a la pena de 20 años de prisión, por los delitos contra la libertad e integridad sexual (violación agravada), contra el patrimonio económico (robo agravado) y asociación Ilícita para delinquir, en perjuicio de los seis ciudadanos noruegos.
En la sentencia condenatoria N° 102 del 2 de junio de 2023, el Tribunal de Juicio también aplicó a los sentenciados como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de cargos o profesión en parques, parvularios, centros escolares o en cualquier lugar donde regularmente se agrupen menores de edad, por el término de cinco años, una vez cumplida la pena principal.
El Ministerio Público confirmó que estuvo representado por los fiscales Armando Guittens y Sadhira Ashby, mientras que por la defensa de los sentenciados participaron las defensoras públicas María Espada, Yaneth Martínez y María Caraballo, además del defensor técnico particular Isaac Díaz.
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