Un nuevo golpe a la corrupción sacude al país. La Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron la Operación Retorno 2.0, un operativo que destapó presuntas irregularidades en el manejo de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
La acción se desarrolló en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí, logrando la aprehensión de dos exfuncionarios de la entidad. Lo que más ha encendido las alarmas es que uno de los detenidos es el actual representante del corregimiento de Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera, Héctor Miguel Sambrano Muñoz, quien ahora deberá responder ante las autoridades por supuestos delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.
Sambrano Muñoz no es ajeno al Ifarhu. En abril de 2022 fue designado por el presidente Laurentino Cortizo como director general encargado de la institución, para cubrir a Bernardo “Nando” Meneses, quien se encontraba de vacaciones entre el 25 de abril y el 15 de mayo de ese año.
En ese momento, Sambrano ya ocupaba el cargo de director de Beca y Asistencia Educativa Económica.
Según el informe oficial, el operativo incluyó tres diligencias de allanamientos en distintos puntos estratégicos, donde los investigadores decomisaron indicios relacionados con las pesquisas. La investigación busca esclarecer cómo se manejaron los polémicos auxilios económicos, creados para apoyar a estudiantes de escasos recursos, pero que han sido blanco de denuncias por presuntas irregularidades en su entrega.
Las autoridades recalcaron que este movimiento forma parte de una estrategia más amplia para desarticular redes internas que habrían desviado recursos públicos destinados a la educación. Aunque no se revelaron detalles sobre los montos involucrados, sí se confirmó que las investigaciones continúan y que podrían darse más detenciones en los próximos días.
La Operación Retorno 2.0 se suma a otros procesos recientes que ya habían puesto en evidencia las debilidades en los controles de los programas de apoyo económico del Ifarhu. El mensaje del Ministerio Público es contundente: los privilegios de cargo no blindan a nadie frente a la justicia.
Mientras los detenidos enfrentan las primeras audiencias, la ciudadanía espera que las pesquisas no solo revelen a los responsables, sino también los mecanismos que permitieron que fondos destinados a estudiantes terminaran, presuntamente, en manos equivocadas.
