Minsa insiste en que no hubo esterilizaciones sin autorización de pacientes

Un informe presentado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa) a la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, relacionado con la presunta vulneración del derecho a la salud, dignidad humana y discriminación de las mujeres de los pueblos originarios (caso esterelizaciones forzadas), detalló que no existe documentación o información de salpingectomías practicadas sin autorización de las pacientes en los hospitales de Bocas del Toro, Comarca Ngabe Buglé, Guna Yala, Chiriquí ni Veraguas.

El informe del Minsa sobre el caso de esterilizaciones forzadas que lleva la firma de la Dra. Melva Cruz, directora general de la Salud Pública, detalla que una vez conocida la denuncia sobre supuestos procedimiento de salpingectomía sin el consentimiento informado a las pacientes, se procedió de manera expedita a solicitar un informe a los directores regionales en Bocas del Toro, Comarca Ngabe Buglé, Guna Yala, Chiriquí y Veraguas.

Según un comunicado emitido por el Minsa, la regional de Bocas del Toro informó que no ha recibido ninguna denuncia relacionada al respecto; precisa que las salpingectomías, después de estar suspendidas por la pandemia de la covid-19, se reactivaron recientemente en el hospital Guillermo Sánchez Borbón, única instalación del Minsa que realiza este procedimiento previa evaluación de la paciente. Las intervenciones se efectúan los viernes en la tarde y sábados en la mañana.

El informe proveniente de Bocas del Toro hace referencia a un video que circula en redes sociales en el que se menciona que en el centro de salud de la comunidad de El Silencio en El Empalme, Changuinola, se efectúan salpingectomías.

“Sin embargo, la regional aclara que por las características de este lugar en cuanto a nivel de atención y grado de complejidad es imposible que allí se hagan estos procedimientos quirúrgicos”, reseña el comunicado del Minsa.

En tanto, en el hospital Luis Chicho Fábrega en Veraguas se reportó que no se están realizando este tipo de procedimientos, mientras que la región de Guna Yala señaló que no cuenta con servicios de Ginecología y Obstetricia.

Por su parte, la región de la comarca Ngäbe Buglé indica que durante los años 2016, 2017 y 2018 se realizaron jornadas de esterilizaciones femeninas en unidades sanitarias hospitalarias con salón de operaciones durante las jornadas de atención primaria ambulatoria.

En estas jornadas se atendieron 134 personas (50 de la comarca y 84 fuera de la misma) y siempre según este informe todas fueron con el consentimiento informado firmado en los expedientes clínicos.

El reporte del hospital materno infantil José Domingo de Obaldía indica que 95 pacientes beneficiadas con cesárea más esterilización quirúrgica, el 100 % fue con consentimiento informado, lo que consta en sus expedientes clínicos. Los procedimientos se efectuaron en octubre de 2021.

El informe destaca además, que para la ampliación de las investigaciones ya se estableció una comisión conformada por tres direcciones nacionales del Minsa y dos instancias externas como garantes de la transparencia del proceso: Dirección General de Salud (sección de Salud Sexual y Reproductiva); Dirección de Planificación de Salud, Dirección de Provisión de Servicios de Salud, Maternidad del Hospital Santo Tomás y Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología.

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El documento finaliza indicando que “el Minsa como institución de puertas abiertas al servicio de la población panameña, requiere para avanzar en las investigaciones el listado de las pacientes denunciantes con nombre completo, cédula, comunidad, región y lugar donde se realizó el procedimiento, para proceder de manera inmediata en el desarrollo de las auditorías médicas por la comisión”.

Defensoría abrió una queja de oficio contra la CSS y el Minsa

Por su parte, la Defensoría del Pueblo abrió una queja de oficio contra la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa) y quienes resulten responsables, en caso se comprueben los hechos pues el Estado es quien debe responder por tratos crueles, discriminación y violación de derechos humanos.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González. manifestó que una de las presuntas víctimas de esterilización en la comunidad de Charco La Pava en Bocas del Toro se presentó la noche del martes a la Defensoría en compañía de la activista Lucy Córdoba.

Leblanc González sostuvo que el tema penal siguirá su curso y que la entidad continuará con la investigación que de comprobarse es un hecho grave, desde la perspectiva de derechos humanos.