El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, podría pasar seis años en la cárcel si el juez acoge el pedido del fiscal general de la Nacional, Carlos Baca Mancheno, quien pidió esa condena para el segundo mandatario de Ecuador, hoy sin funciones y en prisión preventiva. Lo acusa del delito de asociación ilícita, en calidad de autor, en la trama de Odebrecht.
El fiscal arguye que se ha confirmado que Glas estuvo al tanto de los pagos de sobornos de Odebrecht a su tío Ricardo Rivera, con el agravante de que era funcionario y por tanto responsable de todas anomalías que se registraron en los sectores bajo su control.
La fiscalía acusa a Glas de haberse beneficiado de $13, 5 millones en pagos que hizo la constructora brasileña, a través de dos empresas, por la adjudicación de cinco proyectos cuando como vicepresidente era responsable de los sectores estratégicos (2012 y 2016). También pidió seis años de cárcel para Ricardo Rivera, el tío del vicepresidente, intermediario con la constructora.
El fiscal explicó el procedimiento de comisión del delito de asociación ilícita mediante asistencias penales internacionales, testimonios y peritaje del análisis financiero, que corroboraría las transferencias de $33,5 millones. Se trata de la misma cifra que había señalado el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando estalló el escándalo de Odebrecht.
Para Enrique Herrería, reputado jurista, al vicepresidente Jorge Glas se le ha juzgado por un delito menor, por lo que resulta frustrante frente a la magnitud del perjuicio causado y porque un servidor público debe responder al principio de probidad en el ejercicio de su cargo. Herrería considera que el fiscal Baca Mancheno ha ignorado que el artículo 317 del Código Integral Penal establece que si la asociación ilícita se hubiere consagrado en el propósito de perpetrar el delito de lavado de activos, la pena a imponerse será de 10 a 13 años. De allí que los siguientes procesos deben responder a delitos mayores como enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de activos.
Con él coincide Fernando Villavicencio, periodista e investigador, quien señala que Glas debe ser procesado por peculado, delincuencia organizada, cohecho y lavado de activos.
El abogado de Ricardo Rivera, Aníbal Quinde, ha pedido al Tribunal declare inocente a su defendido, puesto que los negocios de Rivera fueron de carácter privado y no ha intermediado en sobornos.
