La Contraloría General de Panamá dijo que no refrendará el desembolso de fondos públicos para 'compras masivas que simulen dádivas o gestiones con fines políticos', lo que analistas tildaron hoy de paso plausible contra el clientelismo en este país, inmerso ahora en una campaña preelectoral.
Los partidos políticos están celebrando primarias, organizadas por primera vez por el Tribunal Electoral (TE) gracias a una reforma legal, en la antesala de los comicios generales de 2019.
Han resurgido así las críticas contra el sistema clientelar en los corregimientos y en la Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños, con diputados cuestionados por el manejo discrecional de planillas de empleados gracias a las que tienen acceso a millones de dólares que, de acuerdo con analistas, terminan financiado campañas de reelección basadas en regalos a potenciales electores, e incluso en los bolsillos de los legisladores.
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En ese contexto, el contralor general, Federico Humbert, anunció el lunes que considera 'que las compras de tarjetas, bolsas de alimentos o pollos congelados, para ser repartidos masivamente, van en contra de las disposiciones legales y los manuales de gestión de Juntas Comunales, pero también de las disposiciones que establece el Código Electoral'.
La Contraloría General de la República giró instrucciones a todos sus fiscalizadores a nivel nacional para que (...) no se refrende ningún acto que pudiera reñir con el Código Electoral en materia de utilización de fondos públicos en compras masivas que simulen dádivas o gestiones con fines políticos', añadió un comunicado oficial.
El anuncio llega después de que medios locales informaron de la intención de diputados y representantes de corregimiento que buscan la reelección de hacer licitaciones públicas para comprar decenas de miles de tarjetas electrónicas, pollos y bolsas de arroz para distribuirlos entre los residentes de sus circuitos electorales.
Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que representa en Panamá a la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), dijo que aplaude la decisión del contralor Humbert.
Celebramos profundamente esa decisión del contralor. Si los políticos quieren hacer ese tipo de dádivas, que las hagan con fondos de sus partidos o campañas (privadas), no con los dineros públicos', declaró la activista.
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De Obaldía recalcó que hay antecedentes que dan cuenta de cómo los políticos 'han ido profundizando y haciendo más sofisticados los sistemas clientelares' en el país mediante 'el manejo de fondos públicos para hacer proselitismo político-partidista particular'.
Para ello ha sido necesario el concurso de los poderes Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es el que presenta los presupuestos, y el Legislativo, que los aprueba, recordó la activista.
De Obaldía indicó que la entrega de dádivas a personas con necesidades 'no mejora ni la vida ni la dignidad' de ellas y que por el contrario, se trata de 'acción corruptora' que se aprovecha de una 'situación de vulnerabilidad' y que termina afectado de manera muy negativa a la democracia.
Asimismo, el experto constitucionalista Ernesto Cedeño dijo que la decisión del contralor Humbert está en línea con legislación del país.
El Estado no puede apoyar a ningún candidato. Cuando tú manifiestas que aspira a una reelección no debes utilizar los fondos públicos para distribuir a tus electores' bienes o servicios, declaró Cedeño.
Añadió que la fiscalía electoral 'debería estar vigilante' de la conducta de los aspirantes a reelegirse, algo en lo que coincidió de Obaldía, que hizo votos para que ese organismo 'abandone la posición de letargo y se convierta en un actor activo en la exigencia de la rendición de cuentas' de los candidatos.
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En las elecciones de mayo de 2019, más de 2,7 millones de panameños estarán habilitados para escoger al nuevo presidente y vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional y Parlamento Centroamericano (Parlacen), alcaldes y representantes de corregimiento.
Vía: EFE
