Edwin Torres, juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida que negó el viernes la libertad bajo fianza al ex presidente panameño Ricardo Martinelli, afirmó que tratará de agilizar la decisión sobre si avala o no su extradición, pero le recordó que sigue teniendo la opción de regresar a su país y someterse a la justicia panameña.
El presidente Martinelli es, desde luego, libre de saltarse los siguientes procedimientos de extradición aquí (en EEUU) y regresar de manera expedita a Panamá, donde puede buscar de nuevo una fianza', señaló Torres en un documento de 49 páginas.
El juez federal aseguró que 'la Corte está preparada para agilizar el proceso en la medida de lo posible', pero también subraya que su intención es que el ex jefe del Estado permanezca detenido hasta que el caso concluya.
Torres expuso las razones legales para desestimar la petición de la defensa de Martinelli para que pudiera recuperar su libertad bajo fianza la decisión sobre la extradición solicitada por la Corte Suprema de Panamá.
Desafortunadamente para el presidente Martinelli uno de esos principios fuertemente arraigados es que en casos de extradición la fianza solo debe concederse ‘en las circunstancias más apremiantes y cuando los requerimientos de la justicia sean absolutamente perentorios'', señaló el juez Torres parafraseando una cita de 1909.
Sus abogados se han centrado en invalidar con argumentos legales la solicitud panameña y habían pedido la libertad bajo fianza del exmandatario argumentando que su cliente no tenía intenciones de huir a otro país. Sin embargo, los fiscales, que representan al Estado panameño, argumentaron que debe permanecer preso pues existe riesgo de fuga.
Los cargos por los que la Corte Suprema de Panamá le reclama son por un caso de escuchas ilegales durante su gobierno (2009-2014) y por peculado.
Torres admitió que 'las circunstancias que rodean el caso son sin duda extraordinarias' y que la defensa ha presentado argumentos 'fuertes' para la concesión de la fianza.
Sin embargo, dice, no puede conceder ese beneficio. 'La necesidad de cumplir con las obligaciones del tratado' de extradición de 1904 con Panamá y la 'preservación de nuestro papel como líder en una administración de justicia correcta' imponen seguir la norma de que el 'requerido permanezca detenido hasta que el proceso de extradición concluya'.
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En este punto menciona lo que dijeron los juristas hace más de 50 años ante el caso de un ex jefe de Estado requerido en extradición que pidió libertad bajo fianza: que no hay suma de dinero que compense el daño causado por la posible huida.
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Se refería al general venezolano, Marcos Pérez Jiménez, que fue extraditado desde Miami en 1963 para ser juzgado por 'peculado'.
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Al respecto menciona que no se trata de un caso penal donde es común la concesión de fianza, sino de 'un procedimiento administrativo que surge bajo la ley internacional para la certificación y aprobación de la decisión del Departamento de Estado de extraditar a una persona a petición de un gobierno extranjero'.
La audiencia final de extradición se realizará el próximo 25 de julio.
