La triangulación de fondos que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia los municipios, juntas comunales y el Programa de Ayuda Nacional (PAN) por solicitud de diputados del periodo 2009-2014 fue sin ningún sustento legal.
Para usar los dineros en lo que llamaban 'proyectos de interés comunitario' para su circuito los diputados tenían de aliada a la Dirección de Presupuesto del MEF, a cargo de Omar Castillo.
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Este exfuncionario es el mismo que perdió la curul en el circuito 2-1 en la provincia de Coclé, luego que el Tribunal Electoral (TE) comprobó que costeó su campaña con recursos del Estado.
Así operaban
Castillo enviaba notas a los jefes de instituciones designadas por los diputados con una solicitud de traslado de partida para financiar las obras a los diputados.
El 27 de octubre de 2010 la excontralora Gioconda Torres de Bianchini firmó el Decreto 394-2010, que no fue promulgado en Gaceta Oficial y del que tampoco hay constancia en la Contraloría, en el que estipulaba que los dineros estaban incluidos en el presupuesto del MEF, pero serían utilizados de acuerdo a lo que dispusieran los diputados.
El ministro en ese periodo era Frank De Lima, quien está detenido en la cárcel El Renacer acusado de supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión.
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Se usó un procedimiento para trasladar partidas creadas con el nombre del diputado en el PAN, los municipios y en las juntas comunales para la ejecución de proyectos, pero 'eran los propios diputados quienes conseguían los proveedores', declaró en su momento en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción el exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén.
Código secreto
Según el contralor Federico Humbert, en el MEF se creó un código alfanumérico secreto de las juntas comunales y municipios, los que retenían un 10% aproximadamente del monto manejado, y el 90% restante era utilizado por el diputado.
Agregó que hay más de 49 millones de dólares sin factura fiscal.
El 12 de marzo de 2015 el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no admitir una denuncia contra 34 diputados reelectos, presentada por el abogado Ernesto Cedeño, aduciendo que carecía de la prueba sumaria.
Cedeño aportó dos informes entregados el 3 de diciembre de 2014 por el ministro Dulcidio De la Guardia, los cuales detallaban las asignaciones presupuestarias o económicas entregadas a todos los diputados en el periodo 2009-2014.
Recibieron dineros
Hay 32 diputados que no se reeligieron, pero recibieron sumas millonarias, estos tendrán que ser investigados por el Ministerio Público (MP). Se informó que la institución está reestructurando un equipo de trabajo con el propósito de atender el caso.
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El 3 de mayo de 2015 el juez quinto penal, Enrique Paniza, dictó un sobreseimiento provisional en el caso por no contar con un informe de auditoría sobre las irregularidades. Ya el MP dijo que pedirá la reapertura del expediente.
Los dineros públicos fueron dados como 'canonjías' en el gobierno del expresidente Martinelli entre 2010 y 2011 para sumar respaldo político de los diputados, sobre todo de los llamados 'tránsfugas'.
Nota: Sonia Navarro
