Entre el 2011 y 2012, exministros de Obras Públicas y de Vivienda le exigieron a empresarios del sector de la construcción con contratos adjudicados con el Estado un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de la misma.
Esta información fue emitida por la procuradora Kenia Porcell, quien ayer detalló cómo esos pagos indebidos eran depositados a la sociedad anónima Blue Apple Service (BAS), que manejaba el dinero en cinco cuentas bancarias en tres bancos locales por un monto de 40 millones de dólares.
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Detenidos e imputados
Porcell expresó que hasta el momento hay tres personas detenidas: Joaquín Rodríguez Salcedo, Federico Barrios y Ana Mercedes Briones, y otros 33 imputados. Entre esos, tres exfuncionarios públicos y siete empresarios que ya rindieron indagatoria sobre cómo funcionaba y quiénes participaban.
Acuerdos
Hay cinco acuerdos de pena, tres de ellos validados que han permitido recuperar 20 millones de dólares.
La procuradora explicó que la teoría del caso se sustenta en tres delitos: corrupción, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
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Eran siete empresas constructoras a las que les solicitaban coimas del 5 al 10%, que iban a dar a un factoraje a través de Global Bank y la subsidiaria Factor Global y crean cuatro sociedades, donde solo se manejaba unos montos bajos y es así como se crea BAS, que recibe mucho más dinero de la coima y lo pasa a cuentas bancarias en el 2011 y 2012.
El Ministerio Público ha solicitado el levantamiento del fuero penal electoral para procesar a varios imputados.
Por: Carolina Sánchez
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