El Senado de Italia aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto de ley que introduce el feminicidio como delito específico en el Código Penal, con una pena máxima de cadena perpetua, en una votación que fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, algo muy inusual en la política italiana.
El texto, que obtuvo 161 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, además del aplauso unánime de todos los senadores presentes, pasará ahora a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, que se da por descontada.
“Italia es de los primeros países en seguir este camino, convencidos de que puede contribuir a combatir una lacra intolerable”, aseguró la primera ministra, la ultradrechista Giorgia Meloni, mientras que Elly Schlein, líder del progresista Partido Demócatra (PD), el mayor de la oposición, advirtió de que “esta ley es solo un primer paso: ahora debemos avanzar con prevención, educación afectiva y un cambio cultural profundo”.
La votación de hoy responde al llamamiento a unir fuerzas que lanzó Schlein en mayo pasado, tras el asesinato de una joven de 14 años a manos de su exnovio que conmocionó al país, y al que Meloni se sumó desde un principio.
Según lo establecido en el nuevo artículo del Código Penal, se castigará con cadena perpetua reclusión a quien cause la muerte de una mujer mediante actos de discriminación, odio, dominio o control por razón de género, o como represalia ante su negativa a iniciar o continuar una relación afectiva.
Entre los puntos destacados del proyecto se elimina el límite de 45 días para las intervenciones telefónicas en los casos más graves de violencia contra las mujeres y se establece que el ministro de Justicia deberá presentar anualmente un informe ante el Parlamento sobre la aplicación de las medidas contra el feminicidio y la violencia de género.
Además, la ley amplía la protección legal de los huérfanos de feminicidio, así como los criterios para acceder a indemnizaciones, extendiéndolos a menores cuya madre haya sido asesinada por el hecho de ser mujer, incluso cuando el agresor no mantenía una relación afectiva con la víctima. También se beneficiarán los hijos de mujeres que sobrevivieron a intentos de feminicidio pero quedaron en condiciones que les impiden ejercer su rol parental.
También impone que se notifique de inmediato a las víctimas o familiares de las víctimas fallecidas cualquier decisión judicial que otorgue beneficios penitenciarios, medidas alternativas o salidas del centro penitenciario a los condenados por feminicidio u homicidio agravado.
El proyecto prevé además campañas de prevención, formación de magistrados y personal sanitario en violencia de género y doméstica, y sensibilización sobre el uso de sustancias que alteran la conciencia y pueden inducir conductas agresivas.
