Un juez español ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.
El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha convocado a Gómez el viernes 5 de julio, informó este martes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La citación forma parte de las diligencias previas en las que investiga una serie de contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que Gómez codirigía.
El empresario está citado como testigo el próximo viernes, en un caso que ha generado gran polémica política en España, si bien su declaración está pendiente de un informe médico por alegar problemas de salud.
Además, el magistrado ha decidido abrir una pieza separada secreta para determinar si, entre los contratos investigados, hay alguno que hubiese sido suscrito con fondos europeos y la causa fuese por tanto competencia de la Fiscalía Europea, que ha reclamado información sobre ello.
El juez abrió diligencias contra Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia del autodenominado ‘sindicato’ Manos Limpias, que se fundamenta en noticias de prensa y que la Fiscalía pidió archivar.
El juez Peinado la trata como investigada en el procedimiento desde que abrió diligencias previas, el pasado 16 de abril, según consta en varias resoluciones que obran en el sumario del caso.
En la investigación de los contratos denunciados por Manos Limpias, Peinado ha pedido a la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, que recabe los expedientes de contratación de varios organismos del Gobierno y también del Ayuntamiento de Madrid otorgados a empresas de Barrabés.
Las pesquisas se centran en los contratos que Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid adjudicaron a la sociedad mercantil Innova Next, administrada por Barrabés, y que ascienden a 10 millones de euros (11 millones de dólares).
El juez investiga si estas adjudicaciones pudieron verse influidas por las cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, que otorgó los contratos.
El Gobierno ha insistido en la idea de que las acusaciones contra Gómez son falsas y se trata de una estrategia mediática y política para desgastar a Pedro Sánchez, que la ha defendido como “profesional honesta, seria y responsable”.
El jefe del Ejecutivo llegó a tomarse cinco días de reflexión a finales de abril para meditar si dimitía al saberse que el juez habría abierto diligencias contra su esposa, y consideró que se trataba de una campaña de “acoso y derribo”.
Finalmente, anunció que seguía al frente del Ejecutivo “con más fuerza si cabe” y el compromiso de “trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad por la regeneración pendiente” de la democracia española y el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
