La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, ha presentado este lunes una denuncia constitucional contra el expresidente del país Pedro Castillo ante el Congreso de la República por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
La denuncia alcanza no solo a Castillo, sino a la que fuera primera ministra, Betssy Chávez; su predecesor en el cargo, Aníbal Torres; y el ministro del Interior, Willy Huerta, tal y como adelanta la emisora peruana RPP.
El Congreso de la República ha retirado este mismo lunes el fuero especial al expresidente Castillo, levantando por tanto la prerrogativa de antejuicio político de la que gozaba hasta ahora el mandatario andino.
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Castillo anunció el miércoles pasado la disolución del Parlamento --para evitar una moción de censura en su contra-- y la puesta en marcha de un Gobierno de excepción. Las medida no obtuvieron el respaldo necesario para seguir adelante y, finalmente, el mandatario acabó destituido y detenido por la Fiscalía. Tras este episodio, la que hasta el momento había sido su ‘número dos’, Dina Boluarte, fue nombrada presidenta de Perú.
Esta decisión ha despertado malestar entre ciertos sectores de la población, que han protagonizado manifestaciones en contra.
Ya la nueva presidenta de Perú anunció que se pueden adelantar las elecciones para abril del 2023, mientras que los seguidores de Castillo en el Congreso se enfrentan a los diputados derechistas.
Sectores legales de Perú sostienen que el presidente puede pagar hasta 20 años de cárcel por el intento de golpe de Estado, pero el maestro busca conseguir asilo político para él y su familia en México.
