Miembros de organizaciones opositoras dentro de Nicaragua y en el exilio pidieron a la comunidad internacional, incluyendo al papa Francisco, que intercedan por el obispo Rolando Álvarez, un crítico del gobierno de Daniel Ortega que fue arrestado la madrugada del viernes.
“Instamos a la comunidad internacional a usar todos sus medios diplomáticos para lograr el cese de la represión a la Iglesia católica, la garantía del respeto a la libertad religiosa y el retorno a la democracia en Nicaragua”, indicaron los activistas nicaragüenses en un pronunciamiento firmado por Acción Penal y la Articulación de Movimientos Sociales, entre otras organizaciones.
La Policía de Nicaragua confirmó que el obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, ambas en el norte del país, está bajo régimen de “casa por cárcel” en Managua, tras haber sido sustraído del Palacio Episcopal matagalpino en contra de su voluntad, tras 15 días de haberlo retenido en su interior, junto con otros cinco sacerdotes y tres seminaristas.
“Esta detención arbitraria no tiene asidero legal, lo tienen encerrado (a Álvarez) en una vivienda sin posibilidad de movilizarse libremente, lo que constituye un secuestro con allanamiento”, reclamó el dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Marlon Caldera, quien resaltó la petición al papa Francisco “para que se pronuncien por estas agresiones directas”.
El obispo es acusado por la Policía Nacional de realizar “actividades desestabilizadoras y provocadoras”.
Las agrupaciones opositoras, incluida la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) y la Asociación Médica del Exilio de Nicaragua (AMEN), alertaron sobre la seguridad física de Álvarez. “En manos del régimen tirano, la vida de Álvarez está en juego”, sostuvieron.
“A la comunidad internacional, les instamos a utilizar todos los medios diplomáticos y de cooperación bilateral y multilateral que sean necesarios, para presionar a la dictadura de Ortega y Murillo una salida pacífica de la profunda crisis política, de derechos humanos, social y económica, que vive Nicaragua”, resaltó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que denunció el “atropello a la libertad religiosa” que vive el país centroamericano.
Los nicaragüenses coincidieron en demandar la libertad del obispo y de al menos siete de los religiosos que lo acompañaban, que ayer viernes se unieron a una lista de más de 190 personas consideradas como “presos políticos” del gobierno de Ortega.
Las relaciones entre Ortega y la Iglesia católica, la religión con más creyentes en Nicaragua, han estado plagadas de fricciones a lo largo de 43 años.
En 2022 la Iglesia católica en Nicaragua ha sufrido encarcelamientos o retenciones de sacerdotes, la cancelación de ocho radioemisoras y tres canales católicos, el ingreso por la fuerza y allanamiento a una parroquia, y la expulsión de las misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta.
